CSI-F pide al Gobierno que detenga el proceso de privatizaciones en la Administración del Estado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha reclamado este martes al Gobierno que detenga el proceso de privatizaciones iniciado en la Administración General del Estado ante las inminentes elecciones generales.

El sindicato quiere abordar con el Gobierno la situación que afrontan las administraciones tras el déficit de personal y las políticas de contención del gasto que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos años.

La semana pasada se produjo un primer contacto entre Gobierno y sindicatos y a lo largo de las próximas fechas, de aquí a las vacaciones de verano, CSI-F espera conseguir una mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos y una compensación salarial después de cuatro años de recortes.

Según el sindicato, el déficit de personal que asciende a 50.000 personas, lo que está provocando la privatización de servicios que se llevan a cabo desde el sistema público. Ello, denuncia, ha generado un incremento de los costes, menor control presupuestario y una reducción de la calidad de los servicios, y pone como ejemplo la sanidad, «uno de los sectores con mayor trayectoria en la introducción de nuevas fórmulas de gestión privada».

Pero no es el único sector donde CSI-F advierte de que se está produciendo esta situación. Así, y ante la proximidad de las elecciones generales y de los resultados de las autonómicas y municipales, el sindicato pide revertir el proceso privatizador en ámbitos como el Imserso, Defensa (Maestranzas Aéreas de Sevilla, Madrid, Albacete), Servicios de traducción del Estado, elaboración de vidas laborales, gestión de expedientes en el Fogasa, y gestión de la tarjeta sanitaria, entre otros.

Según CSIF, el último proceso de privatización se está registrando en el Imserso, «donde el Gobierno pretende introducir fórmulas de gestión privada en algunos centros, tal y como ha sucedido en la sanidad en varias comunidades autónomas». Como ejemplo, pone el Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave (Valencia).

«Estos centros previsiblemente funcionarán con fórmulas de gestión «indirectas», a través de empresas privadas, que se traducirá en una mayor indefensión de los trabajadores, una reducción salarial, una mayor rotación, menor seguridad laboral y por extensión una peor atención a los usuarios», alerta.

«CINCO MESES PARA RECONCILIARSE CON LOS FUNCIONARIOS».

Por todos estos motivos, CSI-F ha reclamado la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para abordar, en la recta final de la legislatura, los temas que afectan a la política de personal.

De momento, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha ofrecido a los sindicatos establecer una serie de temas para avanzar un posible acuerdo antes de las vacaciones de verano. Para CSI-F, los temas prioritarios pasan por recuperar el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos y la devolución íntegra de la extra eliminada en 2012, y convocar una oferta de empleo público general que ponga fin a la tasa de reposición.

CSI-F, que mantendrá reuniones con los gobiernos formados tras las últimas elecciones y con los Grupos Parlamentarios, ha pedido al Gobierno central que tome nota de los resultados de las urnas del pasado 24 de mayo y escuche el mensaje que le han lanzado los ciudadanos, entre ellos los empleados públicos. «Le quedan menos de cinco meses para reconciliarse con los empleados públicos», ha advertido.

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