La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, respeta la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de prestación de ingresos mínimos propuesta por CC.OO. y UGT, aunque considera más importante «armonizar las prestaciones autonómicas» en lo relativo a las rentas mínimas de inserción de cada región.
Así lo ha puesto de manifiesto en una jornada celebrada este lunes por el Consejo Económico y Social (CES) sobre esta ILP, donde ha añadido que el Ministerio al que pertenece, junto a su homólogo de Asuntos Sociales, trabajan desde julio en la elaboración de un mapa de prestaciones sociales por comunidades autónomas en aras a esa armonización, ya que «no puede ser que los más vulnerables sean los más desiguales». Báñez ha reconocido la colaboración de los agentes sociales en la recuperación económica y del empleo. Asimismo, ha recordado que el modelo de protección social español es «fuerte», ya que ha hecho posible que tras la destrucción de más de tres millones de empleos durante la crisis, «las pensiones se paguen puntualmente» y que, además, da cobertura a más de 13 millones de personas. La ministra ha reconocido que aún queda mucho por hacer, ya que el número de desempleados es aún elevado en España, por lo que ha pedido altura de miras a representantes de trabajadores y empresarios, CC.AA. y Estado para garantizar el bienestar de los ciudadanos, con la creación de empleo y el refuerzo del modelo de protección social». PRIMERAS FIRMAS DE LA ILP. Antes del inicio de esta jornada, representantes de UGT y CC.OO. han realizado las primeras firmas a favor de esta ILP de prestación de servicios mínimos. Así, esta propuesta dispone de un plazo de nueve meses –ampliables– para recoger medio millón de firmas y presentar esta iniciativa ante el Congreso de los Diputados. La propuesta de ambos sindicatos persigue garantizar una prestación mínima por desempleo de 426 euros para personas que no reciban ningún tipo de ayuda o que mantenga un nivel de renta inferior al Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Los requisitos para percibir esta prestación serán tener entre 16 y 64 años y estar inscrito como demandantes de empleo. Además, esta ayuda será indefinida en el tiempo, mientras se mantenga la situación que dé lugar a ser beneficiario de la misma. Esta prestación sería financiada vía Presupuestos Generales del Estado (PGE), con una partida de 11.000 millones de euros, lo que equivale a un 1% del PIB español. En este sentido, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha señalado que esta ILP «debería ir acompañada de otros compromisos por parte de la Administración Pública» para agilizar la incorporación de esas personas al mercado laboral. Asimismo, esta prestación de derecho subjetivo vinculada a la carencia de renta se podrá compatibilizar con otras ayudas como lo son las referentes a la infancia o la dependencia, entre otras. No obstante, será incompatible con la recepción de otras ayudas vinculadas a la Seguridad Social, ha explicado el secretario general de UGT, Cándido Méndez. De este modo, ambas organizaciones han trasladado su convicción de una «reformulación completa» del sistema de protección social, ya que solo el 20% de los desempleados reciben una prestación contributiva y un 35% una asistencial, ha destacado Toxo. Esta iniciativa tendrá como objetivo los 1,8 millones de hogares que en España tienen a todos sus miembros en paro, por lo que beneficiará indirectamente a más de 6 millones de personas. En este sentido, Méndez ha señalado que los PGE de 2016 presentados por el PP están «muy lejos» a corto plazo de poder corregir la brutal hemorragia en términos de recortes sociales y del aumento de la pobreza que han ocasionado los cuatro PGE de este partido.
