UGT y CC.OO. han formalizado este martes la denuncia del III convenio único del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), que afecta a un colectivo de 50.000 personas, para obligar al Gobierno a abrir un proceso de negociación en el plazo máximo de un mes, hacia mediados de enero.
«Los empleados públicos deseamos que nuestro interlocutor en la negociación venga con voluntad de dialogar, no de imponer. Esperamos que se acabe el ordeno y mando», ha señalado el secretario general de la Administración General del Estado de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carlos Alvarez. UGT y CC.OO. han acordado los objetivos principales para la negociación de este convenio y que pasan, fundamentalmente, por la devolución de los derechos «sustraídos» por el Gobierno en materia de empleo, salarios, jornada, acción social y formación; recuperación del volumen de empleo perdido; desarrollo de la carrera profesional y el sistema de provisión de puestos, y adaptación de la clasificación profesional al Estatuto Básico del Empleado Público y al marco educativo. En concreto, en materia retributiva, los sindicatos quieren recuperar las tablas salariales vigentes en mayo de 2010, arrancando con un 5% de incremento salarial y aumentando cada año la retribución al menos lo mismo que lo pactado por sindicatos y empresarios para el sector privado, con un suelo salarial mínimo de 1.200 euros mensuales. También quieren que se defina y cuantifique el complemento de carrera profesional; eliminar los obstáculos a las reclamaciones judiciales sobre complementos; compensar las horas extraordinarias, y establecer otros complementos por jornada de tarde, alertas, domingos y festivos, algunos pendientes aún del convenio vigente. Además de UGT y CC.OO., el sindicato CSIF también tiene pensado denunciar este convenio una vez pasadas las elecciones generales del 20 de diciembre, pues será el nuevo Ejecutivo el que deba designar a los representantes de la Administración que vayan a formar parte de la comisión negociadora.
