La Comisión de Empleo del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de Ley por la que se insta al nuevo Gobierno a derogar el artículo 315.3 del Código Penal que penaliza con hasta tres años de cárcel a los piquetes que coacciones durante una huelga de trabajadores.
La iniciativa, propuesta por ERC, ha contado con el voto favorable de 28 diputados de todos los grupos parlamentarios, salvo del PP, cuyos 15 diputados votaron en contra. De esta forma, el Congreso ha debatido y votado la primera de las propuestas que tiene pendientes sobre la derogación del artículo del Código Penal que permite sentenciar a penas de cárcel a los piquetes informativos. El diputado de ERC, Jordi Salvador, ha defendido durante su intervención en el debate que «no hay democracia sin derecho a la huelga», y que el artículo del Código Penal es una «rémora de la época del dictador que ha sido utilizada por el Gobierno para reprimir a los trabajadores». Salvador ha pedido revisar las sentencias condenatorias dictadas y anular las condenas, así como restaurar o indemnizar por los derechos ocasionados, al tiempo que ha mostrado su apoyo al concejal de Jaén Común Andrés Bódalo que ha sido llevado a la comisaría antes de ser trasladado a prisión para cumplir la condena de tres años y medio por agredir a un concejal del PSOE de Jódar (Jaén) en 2012 en una protesta del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), lo que ha despertado los aplausos de los diputados de Podemos. La diputada de Podemos, Carmen Pita, ha enfatizado que el derecho de huelga es un «derecho conquistado con sangre sudor y lágrimas», al tiempo que desde el PSOE han criticado la actuación del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encaminada a «cercenar» el derecho de huelga, en un «ataque sin precedentes» a los sindicatos. Por el contrario, el diputado popular, José Ignacio Echániz, ha indicado que ese artículo no se refiere a los piquetes, sino que condena las conductas en las que se emplea fuerza o violencia cuando «se obliga a otros a ejercer la huelga» y suponen actos que «nada tienen que ver» con la misión de informar, propia de los piquetes informativos. «Esta regulación no solo es respetuoso con derecho y libertades, sino que garantiza su ejercicio en un espacio en el que no se utilice la violencia y sí el diálogo», ha agregado. Esquerra plantea en su iniciativa suprimir el punto 3 del artículo 315 del Código Penal, que prevé penas agravadas de cárcel de entre 21 y 36 meses o multas de entre 18 y 24 meses a quienes, actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga. Además, incluye una disposición para que las causas en tramitación queden sobreseídas y para que el Ministerio Fiscal realice las actuaciones necesarias para revisar las sentencias condenatorias ya dictadas y para anular las condenas y restaurar o indemnizar por los daños causados. Estos emplazamientos son similares a los que los republicanos catalanes recogen en una proposición de ley que plantea directamente la modificación del Código Penal en los términos mencionados.
