Los perjudicados acusan a la pareja de generar una reducción patrimonial y así no afrontar la deuda que tenía contraída su despacho de arquitectos con varios trabajadores
El fiscal que investiga la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra Eduardo Leira y su esposa Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, ha pedido citar al primero como imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores(‘Imagine Carmena’ se niega a sumarse contra el ISIS: «¿Ir todos a una en qué?»).
Por el momento, la fiscalía no ha apreciado indicios de delito contra la segunda, aunque los antiguos empleados la acusan de alzamiento de bienes y de haber realizado donaciones y compraventas para evitar tener que pagarles (‘Rebajas Mayer’ y ‘Regalos Carmena’: rebajan porque sí el alquiler a los organizadores de la conferencia de Varoufakis, que aún no han pagado).
El pasado mes de febrero de 2016, el juzgado de instrucción número 53 de Madrid abrió diligencias previas por la querella criminal presentada en Segovia por el sindicato Manos Limpias contra Leira y Carmena por delitos contra la Seguridad Social, los derechos de los trabajadores e insolvencia punible (La alcaldesa Carmena retira a Celia Mayer las competencias sobre Memoria Histórica por ‘incompetente’).
En su querella, Manos Limpias apuntó que el marido de Carmena «alzó determinados bienes», entre ellos una finca situada en El Espinar (Segovia) que ahora pertenece a Carmena, para generar una reducción patrimonial y así no afrontar la deuda que tenía contraída su despacho de arquitectos con varios trabajadores.
En un informe fechado el pasado 3 de marzo, el fiscal entiende que el juzgado de instrucción número 53 es competente y pide inadmitir a trámite la querella en todos los puntos menos en la acusación de presunto delito contra los trabajadores.
En primer lugar, expone que procede inadmitir a trámite la querella por delito de alzamiento de bienes contra Leira -como autor- y Carmena -como cooperadora necesaria- porque esta cuestión ya fue investigada y sobreseida en 2013 en el Juzgado de instrucción número 15 de Madrid.
El fiscal también cree que procede no admitir a trámite la querella por un delito contra la Seguridad Social porque el denunciante no aporta ningún dato indiciario de que el supuesto delito alcance el importe de 50.000 euros, el que marca el límite entre la infracción penal y la administrativa.
Por último, sí entiende que hay «indicios racionales» de la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y pide que se tome declaración como investigado a Leira y en calidad de testigos a los antiguos empleados.
