CC.OO. y UGT urgen al Gobierno a prorrogar la ayuda de 426 euros a ocho días de que finalice

CC.OO. y UGT han vuelto a exigir este jueves al Gobierno que cumpla «sin dilación» con la protección de los desempleados y con los compromisos del Programa de Activación para el Empleo (PAE), de forma que revise los criterios y prorrogue el la ayuda de 426 euros para parados de larga duración, cuya vigencia finaliza el próximo 15 de abril.

Así lo señalan los sindicatos en un comunicado conjunto, en el que advierten de que el próximo 15 de abril será el último día para que las personas en situación de desempleo puedan presentar la solicitud de incorporación al PAE.

Ante esta inminente situación, el 18 de marzo remitieron a la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones una carta en la que exigían dar cumplimiento al real decreto-ley del plan, en donde se indica que se procederá a una evaluación conjunta del mismo, con la participación de los interlocutores sociales, tres meses antes de la finalización de su vigencia.

La respuesta recibida a dicho requerimiento por parte del Gobierno en funciones fue la convocatoria de una reunión en el ministerio el pasado lunes, tras la que las organizaciones sindicales manifestaron su temor de que no se prorrogue la ayuda.

«Ya durante la vigencia del programa nos habíamos dirigido en diversas ocasiones al Gobierno para denunciar lo que entendíamos ha sido una aplicación restrictiva del programa, tanto en criterios de aplicación del mismo, como en cuanto a los esfuerzos dedicados a concretarlo, explican.

En septiembre de 2015, enviaron incluso una propuesta concreta de adaptación del programa para incrementar el número de personas protegidas desde el mismo, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.

UN PLAN «CLARAMENTE INSUFICIENTE».

Así, aunque valoran las 100.000 prestaciones reconocidas y los 16.000 empleos creados por el programa, a su juicio el plan ha tenido un resultado «claramente insuficiente», lo que tiene «graves consecuencias sobre muchos de los colectivos más débiles de la sociedad».

En concreto, apuntan que de las 400.000 personas susceptibles de participar en el programa, escasamente 100.000 se han beneficiado del mismo, a lo que se suma que la combinación de prestaciones económicas y políticas activas de empleo solo han permitido generar 16.000 colocaciones.

De hecho, critican que esta «limitada» aplicación del programa ha supuesto que no se consumiera el crédito asignado al mismo y, con ello, el Gobierno «acaba compensando parcialmente el exceso de déficit de la Administración General del Estado sobre el objetivo contenido en el Pacto de Estabilidad».

«Se bajan impuestos indebidamente con fines electorales, compensándolo en parte a costa de los parados de larga duración: de la dotación de 850 millones de euros presupuestados para 2015, se ejecutó menos del 19% (160 millones de euros), dejando un remanente de 690 millones sin gastar», denuncian.

Para 2016, continúan, del presupuesto de 350 millones, solo se ha ejecutado, con datos a 29 de febrero, un 6,3%, mostrando la misma evolución que el pasado ejercicio.

Por ahora, detallan que se conoce que 15.212 beneficiarios han encontrado un empleo, un 14% sobre el total, por lo que ven «urgente» dar continuidad y extender el PAE, cuya ejecución es competencia de las comunidades autónomas, ampliando los criterios de acceso al mismo, ya que hasta la fecha «solo ha dado cobertura a una cuarta parte de los posibles beneficiarios», atendiendo a la estimación oficial suministrada por el Gobierno en el proceso de negociación.

En este sentido, los sindicatos recuerdan que existe un parlamento «con plenas capacidades para legislar y convalidar una iniciativa como la que se precisa para revisar el programa y prorrogar su vigencia.

Esta prórroga se justificaría y se podría acometer dado que persisten los motivos de «urgente necesidad» que llevaron a la adopción de las medidas acordadas en el PAE, y en virtud del artículo 21.3 de la Ley del Gobierno tanto como del artículo 86 de la Constitución, a través de un real decreto ley que fuese convalidado por el Congreso.

En cualquier caso, los sindicatos exigen «explicaciones de por qué han quedado tantos desempleados sin protección, cuando las estimaciones iniciales eran otras muy distintas», así como «respuestas y responsabilidad» en materia de protección de los desempleados.

«El sistema de protección por desempleo requiere una revisión integral que lo fortalezca y adapte a situaciones como las que hemos vivido en las que está mostrando serias limitaciones de cobertura. Eso no es posible abordarlo por un Gobierno en funciones, es cierto, pero si lo es mantener y mejorar una medida como esta que puede parcialmente ampliar la cobertura al desempleo. Ese era su compromiso y es el que emplazamos a mantener y reforzar», concluyen.

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