UGT reclama al Gobierno que actúe contra la explotación, que supone ganancias ilegales del 1% del PIB

UGT ha remitido una carta a la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, solicitando información sobre el proceso de ratificación por parte de España del protocolo al Convenio de Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), explotación que representa ganancias ilegales del 1% del PIB.

En un comunicado, recuerda que este sábado se cumplen dos años desde la adopción del protocolo y todavía se desconoce el estado de los trámites para una ratificación que «debería llevarse a cabo en la próxima legislatura», junto a un plan nacional contra el trabajo forzoso.

El sindicato advierte de que se trata de dos actuaciones que «no pueden demorarse más» y de que la explotación en España pudo haber movido más de 1.179 millones de euros en 2015, un 1,09% del PIB de ese año.

En este sentido, denuncia la «inactividad» de un gobierno que «parece considerar que la lucha contra la explotación laboral o sexual no es una materia prioritaria».

Según el informe ‘Ganancias y pobrezas’ de la OIT, las ganancias obtenidas en todo el mundo por el trabajo forzoso en cualquiera de sus formas supone casi 134 millones de euros anuales.

Los datos del informe ‘Trata de seres humanos, delitos de odio 2015’ del Ministerio del Interior estiman que en España había 13.879 personas en riesgo de explotación sexual. Teniendo en cuenta los datos incluidos en el informe ‘Ganancias y pobrezas’ de la OIT, la ganancia media anual en la UE y los países desarrollados por víctima de este tipo de explotación es de unos 70.536 euros.

El dinero que se movería en España giraría en torno a los 978,9 millones de euros, apunta UGT.

En cuanto a las personas en riesgo de explotación laboral en España, unas 10.835 personas, la ganancia media obtenida en la UE y los países desarrollados por víctima de explotación laboral en el trabajo doméstico, agricultura y el resto de sectores es de unos 18.552 euros, por lo que el dinero que se movería en España alcanzaría unos 201 millones de euros.

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