El comité de Imbisa envía a Montoro y Linde una carta denunciando «descontrol» en la gestión de la empresa

El comité de empresa de la Imprenta de Billetes (Imbisa) ha remitido al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, y al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, un comunicado en el que denuncia el «descontrol» y la «improvisación» con los que se está gestionando la sociedad.

De acuerdo con CCOO, la segregación de la fabricación de billetes de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, exigida por el Banco de España, y la constitución de la sociedad pública Imbisa está provocando, tras nueve meses, una «profunda insatisfacción», tanto por el desarrollo de las relaciones laborales como por «el descontrol y la improvisación» con los que «se está gestionando la sociedad».

Asimismo, el comité advierte a los máximos representantes del Banco de España y de Hacienda del «conflicto» que «están creando» los directivos de la sociedad «no respetando los derechos laborales».

En concreto, los representantes de los trabajadores critican al equipo directivo por no respetar el convenio colectivo de aplicación, al tiempo que rechazan que no se reconozcan los «derechos y capacidades» de información y participación en la empresa.

En opinión de CCOO, esto, sumado al intento de los directivos para «implantar políticas completamente antisociales y agresivas para la gestión de los recursos humanos», como la aplicación de un convenio inferior al de referencia a los trabajadores temporales, crea un «fuerte malestar» en la plantilla.

En este contexto, la representación sindical de la Imprenta de Billetes ha advertido a los directivos que extremará «los mecanismos de defensa colectiva» frente a un «modelo de gestión agresivo y descontrolado» que se desarrolla «a espaldas de la plantilla» y «no respeta el mantenimiento de las condiciones laborales ni la calidad del empleo», una condición «con la que se produjo la segregación».

CCOO ha exigido la instauración de unas «relaciones laborales democráticas» en la empresa, con pleno respeto por parte de sus directivos de las condiciones de la segregación y hace responsable al Gobierno y al Banco de España «del proceso de desencuentro que se está produciendo y que daña la vida laboral interna» de la empresa.

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