Castigo a las empresas: suben Sociedades y las cotizaciones

Mariano Rajoy paga ‘peaje’ a sindicatos y PSOE con más impuestos al empleo

Hacienda quiere recaudar 7.500 millones más, de los que 4.300 millones los pagarán las grandes compañías

"Estamos pidiendo que el esfuerzo recaiga sobre determinados consumos especiales y sobre las grandes empresas", afirma Montoro

El Gobierno está empezando a pagar el coste de la precariedad de su mayoría parlamentaria (Los impuestos al tabaco y al alcohol suben entre un 2,5% y un 5%).

Una aritmética que le obliga al diálogo y al pacto, lo cual siempre es positivo, pero también a realizar cesiones contra natura, a sabiendas incluso de que estas pueden ser contraproducentes para la sociedad en general y se convierten en piedras sobre el propio tejado de aquellos mismos que las impusieron como condición irrenunciable (Subir los impuestos es un tremendo error; uno más).

Y esto es lo que ha ocurrido con el sorpresivo destope de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Un «peaje» a los sindicatos como contrapartida al mantenimiento de la reforma laboral y para que asuman una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la mayor de los últimos 30 años, pero sensiblemente inferior a los 800 euros que pedían.

Y un canon al PSOE para que permitan, mediante la abstención, la aprobación del techo de gasto en el Congreso.

El aumento del 3 por ciento en las cotizaciones máximas y del 8 por ciento en las mínimas es una carga de profundidad que el Ejecutivo de Rajoy ha lanzado contra el submarino del empleo.

Un fuego azul obligado desde el bando sindical que es quien ha puesto sobre la mesa de la negociación con el Gobierno el arma destructiva, frente a la pretensión tradicional de CEOE y de Cepyme de reducir este impuesto encubierto a la creación de puestos de trabajo, a la competitividad y a la recuperación de los salarios.

A PAGAR HASTA REVENTAR

«Estamos pidiendo que el esfuerzo recaiga sobre determinados consumos especiales y sobre las grandes empresas». Con estas palabras resumía el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el nuevo plan presupuestario que el Gobierno remitirá antes de fin de año a Bruselas, con el que pretende recaudar 7.500 millones de euros más para cuadrar el objetivo de déficit del 3,1% del PIB en el próximo ejercicio.

Un esfuerzo tributario que se concreta en un paquete de medidas que penalizan la competitividad de las empresas, al incidir especialmente en el Impuesto de Sociedades, que aportará por sí solo 4.300 millones, el 57% de todo el aumento de la recaudación prevista.

A este castigo fiscal se añade la subida de las cotizaciones máximas y mínimas a la Seguridad Social, en contra de las demandas reiteradas de la patronal CEOE, que insiste en una rebaja de las mismas para impulsar la creación de empleo y posibilitar las subidas salariales.

En concreto, las bases máximas de cotización subirán un 3%, pasando de 3.642 euros mensuales en la actualidad a 3.751,2 euros en 2017. Por su parte, las bases mínimas aumentarán un 8%, en consonancia con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que supone pasar de 1.067,4 euros a 1.152,8 euros mensuales.

Un incremento de cotización este último que penaliza fundamentalmente a un millón de autónomos societarios, a las pequeñas empresas con menos de 10 trabajadores y a los autoempleados.

Con estas medidas, el Ejecutivo espera aumentar los ingresos de la Seguridad Social en unos 400 millones de euros, entre 300 y 330 millones procedentes de la base máxima y 70 millones de la mínima.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno llevará al Pacto de Toledo «un programa más amplio para el destope de cotizaciones que tendrá su reflejo en las pensiones».


El cambio en Sociedades

Respecto al Impuesto de Sociedades, los cambios se introducirán mediante un Real Decreto y se concretan en limitar la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores y en la fijación de un nuevo límite para la aplicación de deducciones para evitar la doble imposición internacional.

También se modifica la tributación de la reversión de pérdidas por deterioro de los valores representativos de participaciones en el capital o en fondos propios de entidades, y la no deducibilidad de las pérdidas derivadas de las transmisiones de fondos propios de entidades residentes y no residentes.

El ministro de Hacienda resaltó que estas modificaciones no afectan al tipo nominal, que sigue siendo del 25%, sino que lo que se está promoviendo es «conseguir que el tipo efectivo se acerque al nominal». De esta forma, puntualizó, «nos iríamos claramente hacia tributaciones en términos de recaudación anual de entre 25.000 y 26.000 millones de euros».

Tabaco, alcohol y refrescos

La subida de los Impuestos Especiales que gravan el alcohol y el tabaco se recoge en un Real Decreto que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque posteriormente deberá ser convalidado por las Cortes Generales. Con ello, se pretende recaudar 350 millones de euros adicionales.

La propuesta del Ejecutivo sube un 5% los impuestos al alcohol, un 2,5% el tipo específico de los cigarrillos, que se eleva hasta el 6,8% para la picadura de liar. Además, Montoro anunció que su Departamento acometerá una reforma de la imposición medioambiental en 2017, que se negociará con las formaciones políticas.

Lo que sí se enviará inmediatamente al Parlamento es el proyecto de ley por el que crea el tributo a las bebidas carbonatadas y azucaradas, que Hacienda estima supondrá unos ingresos de 200 millones de euros. Montoro justificó este impuesto «que ya existe en otros países» por motivos de salud: «Es un instrumento de lucha contra la obesidad y una oportunidad para desanimar el consumo frente a otras opciones bajas en azúcar».

Lucha contra el fraude

El aumento de la recaudación tributaria se complementará con un nuevo paquete de medidas de lucha contra el fraude, entre las que destacan la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo, frente a los 2.500 actuales, el endurecimiento de las posibilidades de aplazamiento sobre determinadas deudas con la Agencia Tributaria y la obligación de que las liquidaciones del IVA se hagan online, que afectará a 60.000 contribuyentes.

Montoro informó de que modificará la lista de morosos, para que cuando el contribuyente sea advertido por la Agencia Tributaria (AEAT) se evite la publicación de su nombre si hace frente al pago de la deuda. Asimismo, respondiendo a las críticas de Ciudadanos, insistió en que la AEAT ya ha advertido a los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de que «están sujetos a control e inspección».

Salario Mínimo

Finalmente, el Gobierno aprobó también ayer una subida del 8% del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2017, que se situará en 707,6 euros mensuales. Esta subida es la más alta de los últimos 30 años y se produce tras el acuerdo alcanzado el jueves entre el Gobierno y PSOE que impuso este incremento salarial como «condición irrenunciable» para facilitar, mediante la abstención, la aprobación de los objetivos de déficit y deuda y el techo de gasto.

Aunque la subida no afecta a la negociación social entre patronal y sindicatos, la CEOE alerta de que este incremento del SMI podría poner en riesgo el empleo, mientras que el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, lo califica de «puñalada al diálogo social».

Desde el Ministerio de Empleo, el secretario de Estado, Juan Pablo Riesgo, explicó que se va dar a los interlocutores sociales la oportunidad de que pacten entre ellos el SMI para 2018, 2019 y 2020, propuesta que sería vinculante para el Gobierno siempre que se presente antes del 15 de noviembre de cada año.

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