Pensionistas, parados y personas en riesgo de exclusión, los beneficiarios

Uno de cada tres españoles recibe una prestación de la Administración Pública

España va a dedicar este año a pagar prestaciones más de 191.000 millones

Uno de cada tres españoles recibe una prestación de la Administración Pública
Edad, vejez, jubilación, pensiones, antiaging. PD

El incremento del gasto en pensiones abre el debate de la renta básica

Lo dijo este 19 de enero de 2017 el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el Senado.

Y dejó a más de uno sorprendido: más de 14 millones de españoles, casi un tercio del total, cobran algún tipo de prestación de manos de las Administraciones Públicas.

Los 9,5 millones de pensionistas, los 3,7 millones de desempleados y miles de personas en riesgo de exclusión protagonizan la partida más voluminosa de gasto público: más de 191.000 millones en este 2017.

El incremento de ‘beneficiarios’ ha sido muy acusado a lo largo de los últimos años, aunque la bajada del desempleo, cuya tasa llegó a situarse en el 26% en el año 2013, ha propiciado que incluso se reduzca ligeramente.

Aún así, como subraya este 20 de enero de 2017 José Luis Bajo Benayas en ‘El Economista‘, el país cuenta con 3,7 millones de parados que a lo largo de 2017 cobrarán en torno a los 17.000 millones de euros -muy lejos ya de los 31.000 millones que llegaron a percibir en el ejercicio 2010-.

Capítulo aparte merecen los pensionistas. De media, unos 100.000 jubilados se incorporan al sistema cada año, amén de los beneficiarios de prestaciones por viudedad, orfandad, a favor de familiares o por discapacidad.

Este año el Ministerio de Empleo y Seguridad Social prevé que su número supere los 9,5 millones, cifra histórica. A esta partida el sistema tendrá que dedicar nada más y nada menos que unos 140.000 millones de euros, unos 5.000 millones más que en 2015. Y ello a pesar de que la revalorización de la pensión, del 0,25%, se ha quedado muy lejos del IPC de diciembre, del 1,4%.

El resto de las prestaciones las obtienen, según fuentes de Hacienda, diferentes colectivos en riesgo de exclusión y beneficiarios de pensiones a través de las llamadas Clases Pasivas, que cuestan en torno a 923 millones de euros al mes según los datos del propio Ministerio de Empleo.

En total, y en base a estas cifras, el Estado dedicará en 2017 algo más de 191.000 millones a protección social, una partida que se ha incrementado en más de 50.000 millones a lo largo de la última década. Según la base de datos del Ministerio de Hacienda, hace diez años la Administración Central tuvo que dedicar 138.674 millones. Entonces el número de pensionistas era de 8,4 millones; y el de parados no llegaba ni a los 2 millones, casi la mitad que ahora.

Renta básica a la palestra

El crecimiento incontenible de la partida de pensiones -y el convencimiento oportuno de que no se deben tocar derechos adquiridos por los propios jubilados-; así como el hecho de que casi un tercio de los españoles perciban ya una prestación de manos del Estado, está provocando una reapertura del debate de la futura inserción de una renta básica, mucho más modesta que las prestaciones actuales, que logre abaratar el enorme coste para el país de la protección social.

No solo Finlandia ha puesto en marcha una prueba piloto con algo más de 500 personas. También los directivos, empresas y gobiernos reunidos en Davos estos días están debatiendo sobre esta cuestión, a la que algunos auguran un gran futuro. En España, de hecho, hasta tres partidos concurrieron a las últimas elecciones con propuestas que orillaban con la de repartir una cantidad mensual modesta de forma lineal entre la ciudadanía: el PSOE y su ingreso mínimo vital; Ciudadanos y el complemento salarial; y Podemos, con la Renta Mínima Garantizada, contemplaron la posibilidad con más o menos ambición. Y ayer mismo los sindicatos, en el Congreso, pidieron una prestación mínima sin límite temporal para 2,4 millones de españoles totalmente desprotegidos.

Lo cierto es que, a la espera de soluciones -bajada del paro, acuerdo en el seno del Pacto de Toledo, funcionamiento de las últimas reformas de pensiones-, la cantidad que dedica el Estado a pagar prestaciones supera, con mucho, cualquier otro capítulo de gasto. Los 191.000 millones superan, de largo, los algo más de 123.000 millones que se destinarán en 2017 a pagar a los 3 millones de funcionarios; triplican el gasto previsto en Sanidad, superior a los 68.000 millones; y cuadriplican toda la inversión programada al ámbito de la Educación, de 45.000 millones. Una factura que además promete seguir creciendo en un país en el que los ingresos, aún hoy, no avanzan lo suficiente como para garantizar la sostenibilidad de esa protección.

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