CC.OO., CSI-F y UGT reclaman al Gobierno que asegure el poder adquisitivo de los empleados públicos

Los sindicatos CC.OO., CSI-F y UGT se han reunido este martes con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, al que han reclamado que asegure el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, que presentará a las Cortes antes de que acabe marzo.

Tras un encuentro que se ha prolongado por más de dos horas, los representantes de las tres plataformas sindicales han informado a los medios de que han acordado con Hacienda remitir en las próximas semanas una agenda de temas pendientes que deberán ser negociados en la Mesa General de las Administraciones Públicas en un marco temporal de tres ejercicios.

Entre estos asuntos, destaca la recuperación del poder adquisitivo perdido, un asunto sobre el que Montoro no ha asumido ningún compromiso concreto de revisión salarial dado que depende de la negociación parlamentaria de los Presupuestos de 2017 y del recorrido que tengan las cuentas posteriormente.

«Está habiendo una recuperación económica, la inflación puede terminar el año en el 2%, y no puede volver a haber pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos», ha exigido el secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Javier Jiménez. Algo con lo que coincide el presidente de CSI-F, Miguel Borra, que también pide volver a la estructura salarial previa a los recortes de 2010.

En este sentido, UGT tiene entre sus prioridades un incremento de los salarios de la Función Pública por encima del IPC, de modo que a lo largo de toda la legislatura los funcionarios puedan recuperar el 13% aproximadamente de poder adquisitivo perdido en los últimos cinco años.

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO

Miguel Borra también ha expresado su preocupación ante la posibilidad, trasladada por Montoro, de que una prórroga de las cuentas de 2016 impida la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo ya que existe un «vacío legal» sin precedentes sobre cómo proceder en estas circunstancias.

Las tres plataformas sindicales reclaman asimismo compromisos en materia de lucha contra la temporalidad en las administraciones, una reivindicación que CC.OO. cifra incluso en la convocatoria de 356.000 plazas que actualmente están cubiertas de forma precaria y que no conllevarían un incremento de gasto.

Igualmente, la eliminación de las tasas de reposición para luchar contra el envejecimiento de las plantillas se cuenta entre los temas prioritarios dentro de la negociación colectiva de la Función Pública, así como la reversión de la normativa que impide a las administraciones territoriales actuar con autonomía a la hora de gestionar a sus trabajadores, incluso cuando sus cuentas están saneadas.

«Lo que no puede ser es que cualquiera de las partes de la negociación, Gobierno incluido, utilice a los empleados públicos en un chantaje para que el Parlamento apruebe un Presupuesto», ha añadido el representante de Comisiones Obreras, que asegura que el Ministerio de Hacienda ni siquiera trabaja con la hipótesis de que no se consiga sacar adelante unas cuentas para este ejercicio.

CAMBIO DE ACTITUD

En cualquier caso, los tres representantes sindicales han puesto en valor el cambio de actitud detectado en el Ministerio de Hacienda. Así, Jiménez ha reconocido la «voluntad de diálogo» manifestada por Montoro, que achaca al nuevo reparto de escaños en el Parlamento, que le obliga a negociar cualquier medida.

Sin embargo, ha recordado que este tipo de llamadas al acuerdo se han producido otras veces en el pasado y no siempre se han cumplido. «Esto tiene que concretarse en hechos. La pelota ahora está en su tejado; veremos cómo evoluciona», ha añadido.

En la misma línea, Miguel Borra ha apuntado que «lo que tenga que ser será y pronto», dado los estrechos márgenes de tiempo que conceden los plazos con los que el Ejecutivo quiere presentar los Presupuestos.

Finalmente, el secretario de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, espera que esta voluntad de que las relaciones laborales en esta nueva etapa sean «bien diferentes», manifestada por Montoro, se concrete pronto en hechos, de modo que no se repitan las circunstancias de la pasada legislatura, cuando el Gobierno tomaba las decisiones unilateralmente y sin negociar.

«Recibimos bien y con ánimo esas palabras del ministro, a la espera de que hasta finales de marzo podamos comunicar que hay avances y posibles acuerdos», ha deseado.

INFORME SOBRE LOS RECURSOS HUMANOS

Por su parte, la responsable de Política Autonómica y Administración Pública de la Gestora del PSOE, María Jesús Serrano, ha criticado en una nota de prensa que el titular de Hacienda no haya puesto cifras a la revisión salarial de los sueldos públicos, aunque ha valorado que vuelva a sentarse a la mesa con los sindicatos de la Función Pública.

Además, ha avanzado que pedirá al Gobierno un informe sobre los recursos humanos existentes en las administraciones públicas, las estructuras administrativas y el modo de prestación de los servicios públicos; y solicitará también un grupo de trabajo en el marco de la Comisión de Hacienda del Congreso para abrir un debate sobre el modelo de administración que requiere el país en aras a poder garantizar el Estado del Bienestar.

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