Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Alvarez, han remitido una carta a los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, instándoles a negociar de manera urgente la subida salarial para 2017 así como otros contenidos pendientes y nuevos del llamado acuerdo interconfederal de negociación colectiva.
En concreto y en primera instancia, Toxo y Alvarez reclaman a las organizaciones empresariales la convocatoria inmediata de la Comisión de seguimiento de este acuerdo para negociar temas pendientes, entre ellos la evolución salarial y la continuidad del grupo de trabajo de igualdad de trato y oportunidades. Una vez solucionadas estas materias, los dirigentes sindicales plantean a los empresarios una batería de temas a negociar en el marco de un nuevo acuerdo interconfederal desde el convencimiento de que sindicatos y empresarios «tienen la obligación de preservar la negociación colectiva, defendiendo la autonomía de las partes frente a injerencias externas y protegiendo la fuerza vinculante de lo pactado libremente». Entre los temas que las centrales sindicales proponen negociar a las organizaciones patronales se encuentran la reducción de la contratación temporal; la modificación del régimen del contrato parcial y de fijos discontinuos; la protección real y efectiva de los trabajadores ante despidos ilegales o sin justificar de manera suficiente; la revisión de la regulación de la flexibilidad interna; el salario mínimo; el establecimiento de un plan de choque por el empleo y de planes de igualdad en las empresas, y la creación de la figura del delegado de prevención territorial o sectorial para controlar las condiciones laborales en pequeñas y muy pequeñas empresas. CC.OO. y UGT también quieren negociar con CEOE y Cepyme una ley de financiación de la función socioeconómica, reconocida en la Constitución, que realizan las organizaciones sindicales y empresariales con el objetivo de garantizarles recursos económicos «suficientes» y no sujetos a los avatares políticos. «Un sistema de financiación transparente, decidido en sede parlamentaria, sujeto a controles por la Intervención General del Estado, con un registro específico para el depósito de las cuentas», plantean. En su opinión, esta ley es necesaia para hacer efectiva la capacidad de representación que asigna la Constitución a sindicatos y empresarios al plantear la universalidad de la negociación colectiva y su participación en el devenir de la economía y la sociedad.
