El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, comparecerá este miércoles ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso tras anunciar el Gobierno que, a falta de Fondo de Reserva, recurrirá a un préstamo de hasta 10.192 millones para el abono de las pensiones de 2017.
Burgos deberá explicar a la oposición el déficit del sistema público, que cerró 2016 con un déficit récord de 18.876 millones de euros tras ingresar por cotizaciones un 12% menos de lo previsto. Al menos, el secretario de Estado podrá llevar a su comparecencia una mejoría en el ‘agujero’ del sistema durante los dos primeros meses del año. Hasta febrero, las cuentas de la Seguridad Social registraron un superávit de 2.737 millones de euros en los dos primeros meses del año, cifra que equivale al 0,25% del PIB. De hecho, Báñez adelantó esta semana que la tasa de recaudación en marzo crecía a un ritmo superior del 6%, y que el acumulado en los tres primeros meses era un 2,5% superior al de 2008. La intervención de Burgos pondrá fin a la fase de comparecencias iniciada el pasado mes de noviembre por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Desde entonces, el Pacto de Toledo ha recibido en 22 sesiones a más de treinta comparecientes que han aportado su visión acerca del presente y futuro de las pensiones. REVISION DE LAS RECOMENDACIONESA partir de Semana Santa, la hoja de ruta de la comisión pasará por la reelaboración de las nuevas recomendaciones, misión última de la comisión al iniciar sus trabajos en la presente legislatura ante el agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
En principio, los grupos iniciarán la revisión ordenada de los puntos, aunque asumen que deberán priorizar aquellas cuestiones en las que haya mayor consenso ante los previsibles escollos que se plantearán, especialmente en las reformas estructurales, de mayor calado. Estos trabajos de discusión previsiblemente tendrán lugar a puerta cerrada. En este sentido, los grupos ven más factible llegar a acuerdos sobre las nuevas fuentes de financiación y las medidas puntuales que, a corto plazo, permitirán un mayor nivel de ingresos a las arcas de la Seguridad Social. Sin embargo, la principal preocupación –y mayor escollo para alcanzar un acuerdo–, como han mostrado los grupos durante las sesiones celebradas, será la evolución de las actuales pensiones, que tras la reforma emprendida en solitario por el PP en 2013 se sustentan en el índice de revalorización de las pensiones (IRP) y el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019. Los grupos asumen que antes de finales de mayo y principios de junio no podrán tener cerradas las primeras recomendaciones, aunque, igual que con las primeras estimaciones, existe cierto escepticismo de que esto acabe siendo así, pues en la oposición creen que responde más a un intento del Gobierno de tener cerrada la revisión en verano y poder elaborar un decreto ley con medidas en el mes de septiembre.
