El Gobierno ya tiene permiso, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado 2017, para lanzar la oferta de empleo público (OEP) más amplia de la democracia.
Como adelanta José Luis Bajo Benayas en ‘El Economista’ este 27 de junio de 2017, en pocas semanas, las Administraciones Públicas podrán convocar hasta 67.000 plazas, cifra que pactaron en marzo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y representantes de los tres sindicatos con más credo entre los funcionarios: CCOO, UGT y CSI-F.
Pero esa convocatoria es solo un adelanto de lo que el Gobierno prepara para el sector público, conformado por tres millones de potenciales votantes: al margen de subidas salariales superiores al 1% desde el año próximo, el número de plazas convocadas ascenderá, desde ahora y hasta las próximas elecciones, a 250.000.
De los 67.000 puestos de este año, 28.144 serán convocados por las comunidades autónomas, 20.000 llegarán de mano de las entidades locales y algo más de 19.000 de la Administración del Estado. Afectarán a todos los ámbitos, después de que Hacienda levantara la mano y situase la tasa de reposición en el 100 por cien en sectores prioritarios y en la atención cara al público.
Reducir la temporalidad
Fuentes del sindicato CSI-F indicaron a este periódico que el Ejecutivo busca, con esa gran OEP, reducir la temporalidad en las Administraciones, ahora que la justicia europea ha puesto en entredicho la diferencia de condiciones entre trabajadores fijos y los que no lo son.
En el ámbito sanitario, donde la cota de trabajadores temporales roza el 30%, un total de 129.700 plazas pasarán a ser fijas. En Educación, con un 20% de temporalidad, serán 98.807. Y en Justicia (25% de trabajadores temporales), algo más de 8.500.
Sin embargo, la seducción que Hacienda pretende con el colectivo va mucho más allá. Tanto Montoro como la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, han hablado de «devolver a los funcionarios» el esfuerzo realizado durante los años de la crisis y han sugerido que las subidas salariales serán superiores al 1% el próximo 2018.
Ello cuando, previsiblemente, el déficit no se habrá situado aún por debajo del 3% que exige Bruselas. En el mejor de los casos, y siempre y cuando no haya desvíos, este año el desvío será del 3,1%.
Mientras, y hasta que llegue ese momento, el Gabinete que comanda el ministro Cristóbal Montoro va calmando la sed de los sindicatos.
La pasada semana, y en el seno de un diálogo que vuelve a ser fluido, prometió más ayudas asistenciales para funcionarios de rentas bajas y una mejora en el capítulo de Acción Social (en el que están incluidas ayudas sociales, tratamientos odontológicos, gafas o prótesis, entre otros) que se prestan tanto en el mutualismo administrativo como en los diferentes departamentos ministeriales.
Está por ver en qué se concretan esas medidas en futuras reuniones, pero CSI-F explicó que el Gobierno quiere que se apliquen ya desde este año.
