Al expresidente autonómico catalán se le calcula el finiquito entre su toma de posesión y su cese, el 27 de septiembre

¿Sabías que el prófugo Puigdemont cobrará 7.000 euros por vacaciones no disfrutadas?

Hasta el último euro y de nuestro bolsillo, porque a esta panda se le paga con el dinero que Montoro nos saca a todos los españoles, a fuerza de impuestos.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución y la destitución de todo el gobierno catalán ordenada por el ejecutivo de Mariano Rajoy no implicará la merma de uno solo de los derechos «laborales» de los que pueden disfrutar los exconsejeros y el presidente catalán cesados.

Según han confirmado fuentes gubernamentales a D.C. y publica ABC este 17 de diciembre de 2017, el ministerio de Hacienda estima que el expresidente Carles Puigdemont tiene derecho a recibir una compensación de unos 7.000 euros en concepto de pagas extras y vacaciones.

Como cualquier trabajador que deja su puesto, el expresidente y sus exconsejeros recibirán un «finiquito» que se calcula de manera precisa y exacta en base al tiempo en el que ejercieron su cargo:desde el 12 enero de 2016 en el que tomaron posesión hasta el 27 de septiembre de 2017 en el que fueron cesados.

Desde ese día, coincidiendo con la fallida proclamación de la República, Puigdemont y sus 13 exconsejeros perdieron su asignación salarial, que en todos los casos era superior a los 100.000 euros anuales.

Puigdemont tenía el mejor salario con 139.585,67 euros al año, mientras que el resto de sus consejeros tenía asignado, en cada caso, 110.759,94 euros por curso, de acuerdo con el último documento de retribuciones disponible en el portal de transparencia de la Generalitat.

Independencia o pensión

De entre todos ellos, solo Puigdemont tenía derecho a solicitar una pensión después de haber sido cesado. En su condición de expresidente de la Generalitat podría percibir, en virtud de lo dictado en la Ley 6/2003, de 22 de abril del Estatuto de los expresidentes del Govern, el 80% de su salario como «President» «por un período equivalente a la mitad del tiempo que ha permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura».

En el caso de Puigdemont se trataría de 111.668,536 euros al año, además de otras prerrogativas como la creación de una oficina para desarrollar sus actividades o una pensión vitalicia equivalente al 60% de su último sueldo al cumplir los 65 años.

Solicitar esta pensión hubiese supuesto reconocer la vigencia del 155 y su propia destitucíon y de su equipo, rompiendo también la principal línea argumental de los comicios del 21-D, planteados por el independentismo como un pulso al Estado para conseguir la restitución del Govern «legítimo», informa Enrique Delgado.

Carles Puigdemont, que en la pasada legislatura declinó su retribución como diputado en el Parlament, acabó renunciando pues a la pensión de expresidente. En cambio sí se dio de alta para cobrar el sueldo de parlamentario que le corresponde durante los meses que transcurran hasta que comience la nueva legislatura, tal y como anuncio a finales de noviembre tras recibir el requerimiento del ministerio de Hacienda.

Además de Puigdemont, seis de sus consejeros -Dolors Bassa, Antoni Comín, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turrull- también son diputados por lo que, si no hubieran renunciado a este sueldo, seguirían percibiendo su cuantía sin necesidad de reclamarlo.

El reglamento de la cámara regional lo deja claro en su artículo 24, donde establece las causas por las que un diputado pierde su condición y, por ende, la indemnización y otros derechos propios de su cargo, como las dietas. Así, el grueso de los diputados, pese a la extinción de la legislatura, mantiene un salario que ronda los 40.000 euros.

De la pérdida de la nómina habitual únicamente se libran los integrantes de la Diputación Permanente del Parlament, organismo compuesto por 23 parlamentarios de distintos colores y encargado de velar por los poderes de la Cámara cuando expira -o en este caso se disuelve- el Parlament.

La presidenta es Carme Forcadell, que mantiene su salario: 121.679,48 euros anuales más otros 26.083,6 euros, en virtud de la última declaración de ingresos que facilitó al Parlament.

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