Este año es muy improbable que haya elecciones, pero 2019 y 2020 van a estar repletos y la cercanía de las urnas siempre hace mucho más flexibles, gastones y generosos con el dinero público a los gobiernos de turno.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública y los principales sindicatos representantes de los funcionarios (CCOO, UGT y CSIF) han alcanzado un principio de acuerdo para aumentar el sueldo de los funcionarios, tras mejorar la oferta presentada en septiembre.
A falta de los últimos detalles, el acuerdo se firmará en la sede del Ministerio el viernes por la tarde, y todo apunta a una subida salarial que puede llegar a alcanzar el 7,85% entre 2018 y 2020, si se cumplen todas las variables, según indicaron fuentes cercanas a la negociación.
Tras casi seis horas de negociación en la tarde-noche del miércoles, la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, aceleró el acuerdo al aumentar la mejora salarial fija para los funcionarios hasta el 6,1% en el periodo 2018-2020, casi un punto porcentual superior a la propuesta de septiembre, establecida en el 5,25%.
Además, se incluye un incremento variable que podría elevar ese alza salarial hasta el 7,85%. La parte variable prevé tres supuestos, de forma que si se cumple la previsión de PIB o se queda una décima por debajo se accedería a una subida adicional del 0,25% en 2018 y del 0,50% en 2019 y 2020, en tanto que si la previsión se supera en cuatro décimas el alza adicional sería del 0,50% en 2018 y del 0,75% en 2019 y 2020.
A ello se suma otro 0,50% ligado al cumplimiento del objetivo de déficit público en 2020.
Asimismo, Hacienda facilitará unas décimas de margen a todas las administraciones para que, si cumplen el objetivo de déficit, puedan elevar entre dos y tres décimas adicionales al año el sueldo de sus funcionarios, según fuentes de CSIF.
Esta medida puede implicar un avance en la equiparación salarial entre los funcionarios del Estado y los pertenecientes a las Comunidades Autónomas.
Jornada de 35 horas
Como explica José Luis Bajo Benayas en ‘El Economista‘ este 8 de marzo de 2018, otro de los puntos principales del acuerdo será la posibilidad de establecer la jornada de 35 horas (18 horas lectivas en la Educación) en aquellos ámbitos donde se acuerde entre sindicatos y la Administración.
La jornada de 35 horas se prohibió de manera expresa en 2012, a través del decreto sobre la función pública y ha sido objeto de recursos por parte del Estado contra comunidades autónomas que las autorizaron, como Andalucía o Castilla-La Mancha.
