¡Quién os ha visto y quién os ve! Hablamos, como es fácil d eimaginar, del Gobierno Sánchez.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha opuesto este 2 de octubre de 2018 a vincular la subida de las pensiones únicamente al índice de precios de consumo (IPC) y pidió tener en cuenta otros factores, como las variables demográficas o el número de años cotizados (La mitad de los negociadores del Gobierno en el Pacto de Toledo tiene un plan de pensiones).
Estas declaraciones se han producido después de que en la rueda de prensa para comentar los datos de paro y afiliaciones, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, haya asegurado que la recomendación alcanzada la semana pasada en el Pacto de Toledo (vincular las pensiones al IPC «coincide con la política del Gobierno», que es «mantener el poder adquisitivo de los pensionistas» (Pensiones en España: esto va a reventar cualquier día).
Calviño ha salido a la palestra para aclarar que «sobre el asunto concreto de las pensiones, yo siempre he dicho, y es la posición del Gobierno, que se trata de un asunto en el que no podemos fijarnos sólo en un parámetro, como por ejemplo la actualización de las pensiones al IPC», ha declarado la ministra en una rueda de prensa posterior a la reunión de titulares económicos de la Unión Europea (UE), celebrada este martes en Luxemburgo.
En ese sentido, consideró necesario tener en cuenta aspectos como las variables demográficas, el empleo, el nivel salarial, el número de años cotizados o las características de la tasa de reposición de las pensiones.
Garantizar las pensiones del futuro
«Es un terreno en el que es imprescindible garantizar pensiones dignas ahora, pero también garantizar que seguirán siendo dignas dentro de veinte o cuarenta años. Y ese es el objetivo del Gobierno».
No obstante, la Comisión del Pacto de Toledo cerró un acuerdo mayoritario para que las pensiones vuelvan a revalorizarse conforme al IPC «real» y sin supeditar esta subida a ningún otro parámetro -eliminando referencias a la evolución de los salarios o del empleo, como proponían PP y Ciudadanos-, siguiendo así la recomendación aprobada en 2011, han confirmado fuentes parlamentarias.
Parece que las opiniones de algunos ministros del PSOE podrían estar chocando con lo que defienden otros miembros del mismo partido, por ejemplo en el Pacto de Toledo.
Otra ministra que también ha advertido sobre los efectos de algunas medidas propuestas por sindicatos y ciertos partidos ha sido la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, que afirmó que aunque le «gustaría», el Gobierno «no se puede comprometer» a que el año que viene haya unas pensiones mínimas de 1.080 euros al mes y un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.200 euros, como reclaman los jubilados y pensionistas.
Ya nos gustaría a todo el Gobierno (aprobar dicha pensión mínima), pero sencillamente, ahora mismo, el Gobierno y toda la sociedad debe tener claras dos prioridades: la sostenibilidad social del sistema público de pensiones para garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo, y la sostenibilidad financiera del sistema», ha añadido Valerio, quien ha adelantado que los pensionistas le han comunicado que van a «seguir» con sus movilizaciones.
