El ‘cortijo socialista’ funcionaba como un relo (Cinco productoras de capitostes socialistas reciben 6 de cada 10 euros que gasta Canal Sur ).
El cacharrazo que se pegó el PSOE el pasado 2 de diciembre de 2018, que abre por primera vez en la Historia la puerta a un cambio de régimen en Andalucía con la llegada de un gobierno de centro-derecha, tarerá aparejado un ‘ERE‘ gigantesco. Y no al estilo de los que montaban fraudulentamente los socialistas (Pánico en Canal Sur por la entrada de PP y VOX: «Mejor no tener Canal Sur y sí endoscopios en los hospitales»).
Como recoge Eduardo del Campo en ‘El Español’ este 8 de diciembre de 2018, en la actualidad, hay 268 altos cargos y directivos de libre designación repartidos por sus 13 consejerías y sus agencias, fundaciones, consorcios o sociedades mercantiles de participación directa, según la información oficial que refleja la web de la Junta (Esta es Cristina Seguí, la combativa musa de VOX que reparte estopa en los platós de televisión).
El rango de los sueldos de estos 268 altos cargos que ejercen en la actualidad, y que estarían ante sus últimos dos meses en el puesto si prospera un gobierno liderado por PP y/o Ciudadanos tras las elecciones de este 2 de diciembre, abarca desde los 66.230,16 euros de la presidenta en funciones, Susana Díaz (44), a los 47.344,86 que percibe el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino Criado, el mismo sueldo que los demás delegados provinciales de las consejerías. Cada consejero gana 65.184,20 euros al año (El PP comunica a VOX que estudiará el cierre de ese ‘agujero de pérdidas y manipulación’ que es Canal Sur).
A estos 268 altos cargos hay que añadir los puestos eventuales de confianza que éstos nombran, y que ascienden a 240, cuando el gobierno andaluz estrenó la página de Transparencia y adelantó este dato (Andalucía: VOX deja claro que no quiere cargo alguno y no pone ‘líneas rojas’ a PP y Cs).
De estos 240 puestos de confianza de libre designación (jefes de gabinete, asesores, secretarias y, sobre todo, periodistas), 76 trabajan en los gabinetes de las consejerías y 146 en otros departamentos, como protocolo o la Oficina del Portavoz (Andalucía: a Ciudadanos y al PP les han votado para entenderse… también con VOX).
Hay 273.634 empleados públicos en la Administración General de la Junta de Andalucía, entre funcionarios y personal laboral, según la cifra oficial registrada el 29 de junio de 2015. A éstos hay que sumar los alrededor de 23.000 empleados en los 208 entes (fundaciones, consorcios, entidades públicas empresariales) vinculados a la Junta, lo que la oposición ha venido calificando durante años como la “administración paralela” donde el PSOE “coloca” a personas afines.
De la plantilla de la administración general, ¿cuántos empleados han ocupado su puesto bajo la figura legal de Personal de Libre Designación (PDL), desde directivos a cocineros?
En un debate parlamentario el 23 de noviembre de 2006, el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves (73), rebatió la acusación de clientelismo y enchufismo de la portavoz de IU Concha Caballero sosteniendo que de los 250.000 empleados públicos autonómicos de entonces “sólo” el 2% eran puestos de libre designación; es decir, nombrados a dedo sin oposición ni concurso de méritos, un porcentaje que arrojaba por tanto la cifra de 5.000 empleados colocados bajo ese sistema opaco.
Más periodistas que en un diario nacional
Son los altos cargos políticos y su personal de confianza los que más tienen que temer por la pérdida de su actual empleo. Aunque entre éstos hay grandes diferencias, pues, por ejemplo, los periodistas de los gabinetes de prensa contratados como eventuales (son más que muchas plantillas de diarios nacionales) se irán a la calle cobrando el paro; mientras sus jefes, los altos cargos, obtendrán unas importantes asignaciones por cese.
Así lo muestran los casos de los tres políticos que en la actualidad están percibiendo asignaciones por cese: la ex consejera de Educación Adelaida de la Calle (70) recibe 4.942,79 euros al mes durante 24 meses; la ex directora general de Fondos Europeos Patricia Eguilior Arranz acaba de ingresar el mes pasado la última de sus 12 mensualidades de 5.098,94 euros y el director general de la Política Agrícola y Ganadera, Rafael Olvera Porcel, también ha terminado de percibir sus 6 pagas de 4.992,93 euros.
Los políticos que abandonen el gobierno de la Junta en el previsible relevo que va a producirse desde la derecha después de 36 años de administración socialista tendrán así un destacado colchón económico para amortiguar su salida del poder. Pero ese alivio monetario, fundamental para quien no tiene una plaza laboral propia a la que regresar tras los años de servicio en el gobierno autonómico, no impedirá sin embargo que no pocos de ellos sufran un drama personal por la pérdida repentina de su estatus y de su función, drama que será el reverso de la previsible euforia de los cuadros del PP, Ciudadanos e incluso, quién sabe aún, de Vox.
El ‘enchufismo’ en la Faffe
Pero este ‘enchufismo’, que ha permitido a muchos vivir de la Junta, se ejemplificó sobremanera en la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), donde Fernando Villén, exdirector general, y los suyos enchufaron a alrededor de medio centenar de personas, entre las que se cuentan numerosos familiares.
Pero también hay hijos, hermanos, sobrinos o esposas de dirigentes del PSOE andaluz y de cargos públicos de este partido a los que él hacía el favor de colocar. Eso explica el poder que llegaron a tener y que durante años fueran considerados intocables dentro de la Junta andaluza y del PSOE, de cuya ejecutiva Fernando Villén fue durante años secretario de Empleo. Precisamente, con José Antonio Griñán como secretario general.
El mismo hermano del director gerente, Manuel Villén, encabeza la lista de enchufados de la Faffe. En el organigrama aparecía como director de Actividad, lo que en la práctica suponía que era el número tres de la entidad. Concepción Ben, la mujer de Fernando, estaba igualmente en nómina de la fundación, lo mismo que la hermana de ésta, Rosario Ben.
No ocupaban un puesto cualquiera: la primera empezó a trabajar en la sede de Cádiz pero rápidamente ascendió a los servicios centrales de Sevilla, mientras que su hermana fue promocionada a gerente en Huelva. Un sobrino, Manuel Villén Nogués, también encontró un hueco a medida en la plantilla de la Faffe. El número dos, Joaquín Morales, no se quedó atrás y enchufó a su cuñado y a su propia hermana, Araceli, poniéndola al frente de la sede de Málaga.
En el listado aparecieron nombres muy conocidos, como el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (52), cuya esposa, Carmen Ibanco, era empleada de la Faffe. También figura el ex secretario de Estado y ex consejero de la Junta Gaspar Zarrías (63), que tenía a dos sobrinas colocadas en el Fondo; el ex consejero Luis Pizarro, con un sobrino; el ex consejero José Luis Blanco, con otro sobrino; el hijo de la ex presidenta de la Diputación de Huelva, Petronila Guerrero… y así hasta medio centenar de nombres.
Mención aparte merecen cuatro ex alcaldes socialistas de la provincia de Sevilla que se quedaron sin cargo público y a los que se buscó acomodo, y un sueldo más que digno, en la entidad. Desde 1.300 euros en el caso del ex alcalde de la localidad cordobesa de Espejo a los 3.200 euros que le pagaron al de Lebrija (Sevilla), Antonio Torres. El colmo del disparate lo representa este último, que se embolsó en el tiempo que estuvo contratado por la Faffe 553.452,64 euros sin dar un palo al agua. Ni aparecía por el despacho, según se ha sabido después por los testimonios de los empleados que sí trabajaban.
Lo ocurrido en la Faffe es la representación de lo que, durante años, ha ocurrido a espaldas de los ciudadanos. Personas perpetuadas en su cargo y en la administración durante décadas, familiares ‘enchufados’ y clientelismo. Todo, penalizado en los últimos comicios. Posiblemente, el primer día de un cambio que ‘limpiará’ las instituciones y ‘sustituirá las viejas alfombras.
ESTOS SON LOS 15 ALTOS CARGOS QUE LLEVAN EN LA JUNTA MÁS DE 20 AÑOS
- Juan Bautista Cano Bueso (servicio: 36 años. Salario: 66.230’16 euros): el actual presidente del Consejo Consultivo de Andalucía es Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Almería. Ha “merecido la confianza de los cinco presidentes (de seis) de la Junta” y ha ocupado diferentes puestos en su larga trayectoria.
- Horacio Pijuán González (servicio: 36 años. Salario: 55.812’16 euros): el actual director general de Gestión Económica y Servicios Andaluz de Salud empezó su carrera como técnico superior de función administrativa del Área de Recursos Humanos y Suministros del Hospital Reina Sofía de Córdoba.
- Elena Marín Bracho (servicio: 32 años. Salario: 61.824’90 euros): la actual viceconsejera de educación empezó como asesora técnica en la Consejería de Agricultura (1986-98) y desde entonces no ha perdido su vinculación a la Junta.
- Alberto Mula Sánchez (servicio: 30 años. Salario: 53.243’94 euros): licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, empezó como director de Programas, Planificación y Coordinación de la Sección Cultura para la Sociedad Estatal para la Exposición Universal de Sevilla (1988-1990) y ahora ocupa el puesto de gerente de la agencia andaluza de Instituciones Culturales. Por medio, muchos otros puestos ‘patrocinados’ por la Junta.
- Martín Germán Blanco García (servicio: 30 años. Salario: 59.799’40 euros): el actual director del Parque Científico y Tecnológico Cartuja empezó como administrador del Distrito Sanitario Costa Granada (1988-1991). Desde entonces, ha encadenado puestos en la Junta de Andalucía hasta llegar a su actual puesto.
- Reynaldo Fernández Manzano (servicio: 30 años. Salario: 55.812’16 euros): el actual director de patronato de la Alhambra y el Generalife empezó siendo director del Centro de Documentación Musical de Andalucía en 1988. Desde entonces, ha ido encadenando puestos designados por la Junta, con un breve paso de tres años como concejal de Patrimonio y Juventud del Ayuntamiento de Granada.
- Manuel Herrera Sánchez (servicio: 28 años. Salario: 47.344,86 euros): el actual delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz llevaba desde 2012 como director del Área Sanitaria Serranía de Málaga. Empezó como responsable de la zona básica sanitaria gaditana de Villamartín (1990-1995).
- Rafael Peral Sorroche (servicio: 25 años. Salario: 61.824’90 euros): el actual secretario general de Industrias y Cadena Agroalimentaria empezó como asesor de promoción en el Instituto de Fomento de Andalucía (1993-2005). Después, fue asesor de la Agencia de Innovación y Desarrollo (2010-2013) y director general del Parque Científico-Tecnológico de Almería (2013-2015).
- María Isabel Baena Parejo (servicio: 25 años. Salario: 61.824,90 euros): estuvo al frente de la Delegación Provincial de Salud en Granada entre 1993 y 1997. Desde entonces, ha ido pasando por diferentes puestos (todos ellos relacionados con la salud) hasta acabar como viceconsejera de salud.
- Josefa Ruiz Fernández (servicio: 24 años. Salario: 61.824,90 euros): la actual secretaria general de Salud Pública y Consumo empezó como directora de los distritos sanitarios de Écija-Osuna (1994-96) y de Camas-Sierra Norte de Sevilla (1996-2002). Después, esta licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz ha ido acumulando puestos designados por la Junta.
- José María Ayerbe Toledano (servicio: 21 años. Salario: 55.812,16 euros): el actual director general de Planificación y Centros en la Consejería de Educación tiene su plaza como profesor titular de Matemáticas en la Universidad de Sevilla. No obstante, en 1997 comenzó como Jefe de Servicio de Coordinación y Coordinador General de la Viceconsejería de Educación y estuvo en ese puesto hasta 2014.
- Luis Vargas Martínez (servicio: 23 años. Salario: 55.812,16 euros): el actual director general de coordinación de Política Migratorias empezó su carrera como consejero técnico en la Delegación del Gobierno de Andalucía (1995). Desde entonces, ha acumulado puestos en la Junta.
- Montserrat Reyes Cilleza (servicio: 23 años. Salario: 61.749,89 euros): la actual directora gerente de la fundación pública Andalucía Emprende ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en la administración pública andaluza, como destaca en su currículum en un pequeño extracto publicado en la web de la Junta. Ha sido, por ejemplo, viceconsejera de Cultura y Deporte, o secretaria general de Turismo.
- Federico Fernández Ruiz-Henestrosa (servicio: 23 años. Salario: 47.344,86): el actual delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz empezó su carrera en puestos de administración como director conservador del Parque Natural de la Sierra de Grazalema (1995). Desde entonces, ha ido encadenado puestos relacionados con la Junta.
- Natalia González Hereza (servicio: 22 años. Salario: 55.812,16 euros): la actual directora general de Industria, Energías y Minas ha hecho carrera en la administración pública. Su carrera empezó como responsable provincial para el apoyo a la gestión patrimonial de los bienes del Instituto Andaluz de la Reforma Agraria (1996-98) y ha ido in crecendo hasta la consecución de su puesto actual.