Todavía no ha asumnido la cartera José Luis Escrivá y ya cree que va a descubrir el Mediterráneo. Y va listó el elegido por Pedro Sánchez para lidiar con el cada día más erevesado problema de las pensiones españolas.
El nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones tiene ante sí uno de los retos más difíciles del Gabinete integrado por PSOE y Podemos: la reforma del sistema de pensiones.
Escrivá, economista y hasta ahora presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), desgranaba en el último informe de este organismo algunas de las recetas para afrontar este reto.
Entre las conclusiones de dicho informe, titulado Opinión sobre la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social, el organismo apuesta por que «el Estado asuma la financiación de determinados gastos del Sistema de Seguridad Social que ahora soportan las cotizaciones».
Las propuestas de Escrivá:
- 1- Aumentar la edad efectiva de jubilación
Escrivá abogaba por profundizar en la edad efectiva de jubilación en España, ya que se sitúa en 62,4 años (por debajo de la media de los países OCDE que está en 64,3 años), modificando los requisitos de acceso a la pensión anticipada y ordinaria para fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación. - 2- Elevar el periodo de referencia para calcular las pensiones
También ha planteado recetas en cuanto al periodo de referencia para el cálculo de la pensión, fijado actualmente en 23 años (convergerá en 2022 a los últimos 25 años por la reforma de 2011), subrayando que está también por debajo del utilizado por los principales países del entorno, donde se utiliza la carrera laboral completa. La AIReF abogaba por tener en cuenta más de 25 años de la carrera laboral y calculaba que si se aumentaba a los 35 años en 2027 supondría un ahorro de 0,5 puntos porcentuales de PIB en 2050 sin apenas afectar a la suficiencia. - 3- Los gastos no contributivos a cargo del Estado
Además, la AIReF proponía cerrar el déficit de la Seguridad Social traspasando los gastos no contributivos del sistema al Estado, y con el aumento del tipo de cotización por contingencias comunes (pago de pensiones) a costa de las asignadas al SEPE (pago por desempleo). - 4- Buscar alternativa al índice de revalorización
La AIReF ha asegurado que si finalmente se elimina el índice de revalorización de las pensiones, tal y como han pactado el PSOE y Unidas Podemos, se debe ofrecer una alternativa. De lo contrario, alertaba de que se generará un problema de sostenibilidad a partir de mediados de la próxima década, con un aumento de la deuda pública «muy significativa».
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, «existe una correspondencia imperfecta entre la edad legal y la edad efectiva», por lo que ven posible «llegar a un aumento de la edad efectiva mediante distintas vías que no impliquen necesariamente un aumento generalizado de la edad legal.
Según la simulación realizada por la AIReF, el aumento de un año de la edad efectiva de jubilación —desde los 64,5 años en 2027 hasta los 65,5 en 2048— contendría el gasto entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales del PIB y supondría una mejora entre 1 y 3 puntos porcentuales para 2048.
Dicha medida estaría en línea con las tendencias de los países de nuestro entorno, subraya la AIReF en su informe.
Subir a 35 años para el cálculo de la pensión
Asimismo, otra de las recetas que desgrana la AIReF consiste en aumentar de 25 a 35 años el periodo de cotización para el cálculo de la pensión, lo que ayudaría a contener el gasto en pensiones en 0,5 puntos porcentuales del PIB en 2048.
Esta medida, según la AIReF, «reforzaría la contributividad del sistema e incentivaría las cotizaciones a lo largo de toda la vida laboral», lo que para este organismo resulta relevante «cuando existe margen para decidir la base de cotización como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos».
Por último, dentro del epígrafe en el que instan a «adoptar medidas que refuercen la sostenibilidad, equidad y suficiencia del sistema», la AIReF plantea una propuesta por la que se reducirían notablemente las prestaciones de incapacidad al sugerir, en vez de concederlas, «reorientarlas» para «aprovechar mejor la capacidad laboral de los individuos».
