LOS CAMINOS D ELA JUSTICIA EN ESPAÑA

El Tribunal obliga a un hospital a readmitir a una trabajadora despedida por envenenar a sus compañeros

El Tribunal obliga a un hospital a readmitir a una trabajadora despedida por envenenar a sus compañeros

Y encima le tendrán que pagar 51.000. Todo, porque sus señorías aprecian ‘errores administrativos’ en el despido de la empleaba que envenenaba a sus colegas con slfumán.

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias da la razón a la envenenadora, por haberse tramitado erróneamente el expediente de despido.

Da igual el delito penal que llevó a su expulsión, porque aquí todo es cuestión de plazos y papales.

La mujer prestó sus servicios durante varios años en el Hospital del Oriente Fundación Francisco Grande Covián, en Arriondas, un centro perteneciente a la red pública del Sespa, primero como auxiliar y después como técnico de laboratorio.

Según la condena penal, la trabajadora inyectó en las botellas de agua de sus compañeros en distintas ocasiones un líquido que podría ser ácido clorhídrico (salfumán) , provocando que el contenido de las botellas presentase un pH ácido, nocivo para la salud humana, además de otras sustancias como vinagre y sangre, cuya procedencia se ignora.

Como resultado de esta conducta, los compañeros que trataron de ser envenenados sufrieron un cuadro de ansiedad que precisó tratamiento médico y originó su baja laboral, aunque no daños relevantes de salud. Las víctimas denunciaron el caso ante la Guardia Civil y la colocación de cámaras de vigilancia permitió esclarecer los hechos.

Explica Covadonga Díaz en ‘El Mundo’ que previamente a la condena, en octubre de 2015, la extrabajadora fue suspendida provisionalmente de sus funciones al ser abierto un expediente disciplinario por la posible manipulación de las botellas de agua, así como por presuntamente dañar equipos de trabajo del centro. La profesional admitió los hechos y aceptó una pena de año y medio de cárcel y la indemnización por daño moral de 6.000 euros a cada uno de sus compañeros. No obstante, la trabajadora inició un proceso por vía social contra el despido decretado por el Sespa.

Y se da la circunstancia de que un retraso en la tramitación del expediente de despido, según el tribunal, daba lugar a que la Administración tuviera que readmitir a la trabajadora y abonarle los correspondientes salarios de tramitación durante el tiempo que ha estado sin trabajar, a razón de 71 euros al día, o bien indemnizarla con una cantidad de 51.242,40 euros, al considerarse el despido improcedente.

La defensa de la mujer invocó la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que establece que el plazo para resolver los procedimientos disciplinarios a los funcionarios es de 12 meses. Además, según la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los procedimientos administrativos sancionadores caducan cuando ha vencido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado una resolución expresa.

En este caso, el expediente disciplinario se inició en octubre de 2015 y se suspendió el trámite a partir de marzo de 2016 cuando el juzgado de instrucción inició la causa. La cuestión es el Sespa recibió la sentencia penal de conformidad en marzo de 2018. A partir de ese momento, la Administración debió continuar con la tramitación del expediente porque no existía causa para la suspensión; pero no formuló el pliego de cargos contra la trabajadora, que era el siguiente trámite, hasta el mes de julio.

Según el tribunal, se produjo un periodo de cuatro meses de inactividad no justificada que da lugar a que se hayan sobrepasado los plazos establecidos en la ley (12 meses) con la consecuencia de que el expediente ha caducado y por tanto el despido es improcedente.

Aunque la sentencia no era firme y se podía interponer recurso de casación, el Servicio de Salud del Principado de Asturias ha decidido optar por la indemnización.

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