Las recetas de la OCDE, para lograr que el sistema de pensiones español sea sostenible, son tajantes: incrementar los ingresos en muchos millones euros anuales, reducir las prestaciones que reciben 9 millones de pensionistas, acabar con la jubilación anticipada y retrasar la edad de jubilación, que deberá estar por encima de los 64 años y a ser posible de los 65.
Si no se toman estas medidas, indudablemente duras, impopulares y costosas en términos de votos para cualquier político que las afronte, no quedará más remedio que optar por alternativas como pueden ser vincular las pensiones a la esperanza de vida o financiarlas a través de los impuestos.
El socialista Pedro Sánchez, cuya única obsesión es seguir durmiendo en La Moncloa, no sólo ignora estás recomendaciones, sino que parece dispuesto -alentado por su compadre Pablo Iglesias- a ir justo en sentido contrario.
Ajeno al calamitoso estado en que puede entrar la Seguridad Social o a que el llamado fondo de reserva es cada vez más exígüa, ha iniciado su mandado subiendo las pensiones un 0,9% y prometiendo que uno de sus objetivos prioritarios es actualizar pensiones de jubilación, de viudedad, orfandad, contributivas y no contributivas en función del IPC.
Sánchez es un irresponsable y no sólo en este espinoso y complicado asunto, pero no va a modificar fácilmente su postura, porque todos sus gestos, medidas y promesas son en clave electoral.
Incrementar los ingresos del sistema es muy difícil porque estos, en relación al PIB, se mantienen en una línea constante de alrededor del 10% y esto no cambia mucho.
Paralelamente, los gastos sobre el nivel del PIB han ido aumentando de forma constante desde el año 1990 y el problema es que va a seguir por la misma senda.
Lo valiente sería introducir algún mecanismo de ajuste, acabar de implantar la reforma de 2011 como está pactado y que la reforma de 2013 vuelva a aplicarse.
Por un lado el factor de sostenibilidad y por otro el índice de revalorización de las pensiones (IRP) que haría que, de manera automática, se entrase en una senda de ajuste entre ingresos y gastos.
Los pensionistas sufrirían el golpe, con revalorizaciones de las pensiones por debajo del IPC y pérdida de poder adquisitivo y eso son muchos votos.
Como ocurre en Grecia, Portugal e incluso Francia, los jubilados -en España son más de 9 millones y crecen aceleradamente- son el bloque electoral que realmente decide el ganador en cualquier comicio.
Las jubilaciones a una edad inferior a 65 años todavía suponen un 40% del total de jubilaciones en España.
Eso es letal para el sistema de pensiones español, que estará en quiebra a medio plazo si no se realiza una reforma estructural seria.
Aunque todavía no se perciban todos sus efectos, gracias al tiempo en el que se ha empleado el fondo de reserva que se creó durante los gobiernos del presidente Aznar y la deuda que emite el Tesoro para cubrir el déficit de la Seguridad Social y el bajo tipo de interés de esta, debido a la inundación de liquidez que ha aplicado desde 2012 el Banco Central Europeo (BCE), la realidad es que hay un desajuste matemático entre ingresos y gastos de la Seguridad Social.
No se debe seguir ocultando la realidad a la población, aunque se haga.
Descartando que el actual Gobierno social-comunista se atreva siquiera a abordar seriamente el asunto, lo que probablamente veremos en próximos meses es mucha gesticulación destinada a los periodistas y los telediarios, algún retoques cosméticos en cuestiones como pensiones mínimas, incapacidad permanente y quizá un mayor interés en las modalidades que permiten combinar jubilación y empleo.
El Banco de España y todos los grandes expertos lleva muchos meses instando a profundizar en la empleabilidad de las personas cercanas a la jubilación.
En la actualidad, la Seguridad Social ofrece tres grandes modalidades:
- Parcial
Por cuenta ajena pueden acceder a la jubilación parcial, a partir de los 60 años, si están asociados a un contrato de relevo. Y a la edad ordinaria, si no existe ese tipo de contrato. Así, es posible compatibilizar un trabajo por horas con el cobro de la prestación por jubilación, reducida en proporción de la jornada de trabajo. Por tanto, el punto de partida es una persona en activo. - Flexible
En cambio, para acogerse a la modalidad de jubilación flexible es necesario ser pensionista. Como jubilado, vuelve a la actividad –de forma parcial– y puede percibir tanto un sueldo como la prestación, aminorada en relación inversa a la jornada de trabajo que se va a realizar. Esta modalidad la pueden usar los jubilados que hayan conseguido un trabajo como asalariado, gracias a un contrato que suponga una reducción sobre la jornada completa de entre un 25 y un 50%. No es compatible con un trabajo por cuenta propia (autónomo) o una actividad laboral en el sector público. - Activa
Esta fórmula permite a los pensionistas que así lo quieran volver al mercado laboral como asalariados o autónomos. Para acogerse a la jubilación activa es imprescindible haber superado la edad ordinaria de jubilación y contar con una carrera de cotización completa –es decir, la pensión debe ser el 100% de la base reguladora–. En este caso, el pensionista percibirá la mitad de la prestación reconocida desde el momento en el que empiece a trabajar. Si la actividad es por cuenta propia y acredita tener contratado al menos a un trabajador, no sufrirá una reducción en la cuantía de la pensión. En el caso de los asalariados, recuperarán el importe original de la pensión una vez finalizado el contrato.
En noviembre del 2019 había casi 60.000 españoles acogidos a esta última modalidad.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la esperanza de vida de los españoles, que en el momento de la muerte de Franco en 1975 estaba en 73,4 años, ha pasado a casi los 83 años. Es natural y cae por su propio peso que, con esas cifras y teniendo presente que pueden pasar como un par de décadas desde la edad de jubilación a la de fallecimiento, se ponga cada día más énfasis en que la gente opte por la jubilación activa.