Ek confinamiento obligatorio y la paralización de actividades que trae consigo la epidemia de coronavirus se está cebando sobre todo en sectores como el turístico -aerolíneas, agencias de viaje, hoteles…- y en aquellos otros más dependientes de la cadena internacional de suministros -industria de la automoción, calzado y textil, alta tecnología, artículos del hogar—-, pero va a infectar a todos los sectores de la economía española.
Y como es lógico, la ‘peste china’ tampoco dejará indemne a la Seguridad Social.
El organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país está en el centro de buena parte de las medidas impulsadas por el Gobierno scoialcomunista en su plan económico de choque contra el virus.
Si bien es cierto que el sistema no es el nivel administrativo más saneado desde el punto de vista financiero, sí que se trata de la principal palanca de sostenimiento del mercado laboral en los momentos de crisis al ofrecer reducciones en las cotizaciones de empresarios y trabajadores, a pesar de que ello repercute directamente en su capacidad recaudadora y puede tensionar aún más las ya maltrechas cuentas de la Seguridad Social, que asume déficits anuales cercanos a los 18.000 millones de euros.
Varios son los puntos en los que las medidas aprobadas por el Ejecutivo en las últimas semanas para atravesar esta crisis implican una merma en los ingresos de la Seguridad Social: cese de actividad de los autónomos y bonificación de su cuota, exención de la cuota a la Seguridad Social en los trabajadores involucrados en un ERTE, además de la pérdida de puestos de trabajo y de las correspondientes cotizaciones.
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En este pliego de medidas destinadas a evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo en medio de un frenazo a la producción del país se establece que los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis.
Pero como explica Gonzalo Velarde en ‘El Economista’, esta medida no recoge ninguna obligación sobre el empresario, ni bonificación para el trabajador de modo que, de acogerse a esta posibilidad, se dejaría de percibir remuneración y por lo tanto de cotizar a la Seguridad Social.
También como parte de este paraguas de protección, se han facilitado los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los Erte. Así, los que sean causados por la crisis del coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido.
El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo. Además, en estos se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social, condición necesaria en estos procedimientos de tipo ordinario y que agranda la merma de ingresos y disminuye aún más la capacidad recaudadora del Sistema.
Medidas para autónomos
Además, otro de los aspectos que se prevé impacte en las arcas de la Seguridad Social es la flexibilización para el colectivo de los autónomos en el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.
Una medida que, por un lado, implica un gasto extra para el SEPE a la hora de otorgar el conocido como paro de los autónomos, pero que también supone que la Seguridad Social deja de ingresar el dinero correspondiente a la cuota de cotización -de libre elección- de trabajadores por cuenta propia.
Sin embargo, no todos los trabajadores afectados por la situación se verán protegidos por el paraguas establecido por el Gobierno.
Se prevé que caiga la ocupación en un número importante de ocupados, pero contando, tal y como advierten los expertos, con que no todos ellos recuperen a la postre el puesto perdido implicará de nuevo una caída de los ingresos para la Seguridad Social.
Desde Randstad, calcularon que de no tomarse medidas de apoyo a las empresas, hasta 15.000 puestos de trabajo se hubieran destruido por el solo proceso de la crisis sanitaria y su impacto en la economía, antes de la declaración del estado de alarma y el confinamiento de la población, que echó el freno de mano a la actividad productiva del país.
Por otro lado están los compromisos ya establecidos de pagos por parte de la Seguridad Social para este año que, por tercer año consecutivo, elevará las pensiones conforme al IPC, a pesar de carecer de Presupuestos Generales y una partida adecuada a los nuevos esfuerzos financieros del Sistema.
Parece evidente que el préstamo de 13.000 millones de euros de la Administración Central a la Seguridad Social, recogido en el aún vigente Presupuesto de Cristóbal Montoro de 2018, se quedarán cortos para hacer frente a un desembolso en pensiones que para el conjunto del año se espera rebase sobradamente los 135.000 millones de euros.
Todo ello hace descarrilar uno de los compromisos del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de cauterizar el déficit del Sistema, que ronda anualmente los 18.000 millones de euros, en lo que dure la presente legislatura.
