El cabreo de los funcionarios, es antológico. Ni test, ni mascarillas, ni guantes.
Así pretende el Gobierno PSOE-Podemos que vuelvan al trabajo los empleados públicos que han estado confinados o teletrabajando.
Las indicaciones han sido comunicadas a los empleados públicos por medio de una Instrucción que este 23 de abril de 2020 desvela Carlos Cuesta en OKdiario.
Y en ella el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que dirige Carolina Darias, organiza la vuelta presencial al trabajo de los cerca de 200.000 funcionarios en la Administración General del Estado (AGE).
El problema es que la plantea sin las más mínimas garantías sanitarias.
El enfado de los funcionarios es especialmente significativo, porque ha sido tradicionalmente un sector que ha respaldado electoralmente a socialistas y podemitas.
La instrucción va dirigida a todos los departamentos ministeriales y organismos públicos de la AGE.
Y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha mostrado ya su rechazo más absoluto al plan.
Desde CSIF señalan que debe ser imperativa la «realización de la prueba diagnóstica PCR para garantizar que no se producen contagios y preservar así la salud de la ciudadanía que acude a las oficinas de la AGE y la de los/as empleados públicos».
El sindicato CSIF destaca que «se debe hacer test a todo el personal, incluido los asintomáticos, a los que han estado trabajando como servicio esencial y aquellos que han estado en aislamiento por contagio o sospecha».
Porque cualquier otra fórmula esconde el riesgo de reabrir los brotes de contagio.
