Más información
Levanta la liebre el CSIF, el principal sindicato de los funcionarios españoles.
El Gobierno socialcomunista ha aprovechando el BOE de este 22 de abril, para colar el traspaso a la Seguridad Social de las pensiones que están dentro del régimen de las Clases Pasivas.
Hasta ahora, estas prestaciones dependían del Ministerio de Hacienda, y cuando José Luis Escrivá tomó las riendas del Ministerio de la Seguridad Social el pasado mes de enero, se propuso hacerse con su control.
CSIF alerta de que la reforma, camuflada entre las medidas de combate al coronavirus y gestionada sin la más mínima negociación con ellos, afecta a la gestión de las pensiones de 900.000 empleados públicos, comprendidos en lo que se denominan clases pasivas.
Los funcionarios afectados por este régimen ya sabían que tarde o temprano se iba a producir el cambio que, por otra parte, tiene sentido por cuestiones organizativas y de transparencia para conocer el gasto real del Estado en pensiones. Pero lo que no se esperaban es que fuera por decretazo.
El Ejecutivo PSOE-Podemos ha incluido este cambio entre una batería de más de 30 medidas que pretenden «aliviar el impacto de la covid-19 entre las personas trabajadoras», aunque es difícil saber en qué va a beneficiar ahora esta mudanza de prestaciones a los ciudadanos afectados por la pandemia.
El Gobierno ha dado una explicación en el BOE:
«Es razonable considerar que esos cambios normativos no pueden ser aprobados mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria» por la covid, «circunstancia que generaría inseguridad jurídica e incertidumbre en una materia, las pensiones, particularmente sensible para el conjunto de la ciudadanía. Tal motivo justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la situación y la conexión con ella de las medidas adoptadas», reza el texto, aunque Lama cree que estas prisas «están completamente injustificadas» y que la justificación «no tiene sentido».
Por ello, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señalan en un comunicado que el Gobierno «ha aprovechado el real decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis por la covid-19 para modificar de ‘matute’ la gestión de las pensiones de los funcionarios».
A cierre de marzo de 2020, el Ministerio de Hacienda contabilizada a 657.118 pensionistas dentro del régimen de las Clases Pasivas.
Se trata de exfuncionarios de la Administración General del Estado, de Justicia, de las Cortes Generales o militares que tienen algunas ventajas, como la de poderse jubilar a los 60 años.
En el tercer mes del año, las arcas públicas abonaron 1.161 millones de euros en prestaciones y el gasto anual supera los 15.000 millones.
