Parece hasta maleducado, con un presidente de Gobierno tan mentiroso como Sánchez, tirar de hemeroteca, pero no que da otra.
Hace poco más de seis meses, el 16 de octubre de 2019 para ser precisos, la muy oficial Agencia EFE -esa que se pasa el día alabando la gestión del Ejecutivo y sus expertos sanitarios- envió a todos sus clientes una nota en la que se afirmaba que más de la mitad de la población española vive en el límite de sus posibilidades y no puede permitirse imprevistos: el 55,3 % para ser precisos.
Era datos del último informe el Estado de la Pobreza que la víspera había presentado en el Senado la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
El estudio detectaba grandes diferencias entre las comunidades «del norte y del sur«: las tasas más bajas de pobreza son del País Vasco y Navarra y las más altas se registran en Andalucía y Extremadura.
El análisis mostraba un perfil de las personas pobres muy distinto al de la miseria y explicaba que una parte muy importante de la población pobre está constituida por personas españolas (80,5%), adultas (77,6%), con nivel educativo medio y además con trabajo.
No es siquiera posible que esos datos hayan cambiado para mejor, sino todo lo contrario.
El impacto del obligado confinamiento en la economía ha lanzado al paró a millones de personas, arruinado a cientos de miles de autónomos y llevado al cierre o efectuar recortes laborales a incontables empresas, tanto pequeñas, como medianas o grandes.
Pues este jueves, 21 de mayo de 2020, ha entrado en vigor la obligatoriedad del uso de mascarillas a todo el conjunto de la población española.
Solo exentos los menores de seis años, esta norma aprobada por el Gobierno para favorecer «el desconfinamiento seguro en la población» supondrá también un gasto extra, en muchos casos inasumible..
Una familia con dos niños que necesite mascarillas todos los días podría tener que pagar alrededor de 110 euros al mes por ellas, siempre y cuando encontrasen modelos quirúrgicos infantiles, una tarea casi imposible a día de hoy.
Si además uno de los miembros sufriera un problema de salud por el cual necesitase mascarillas FFP2, el coste final ascendería a 266 euros al mes, ya que tampoco se encuentran modelos reutilizables y su precio oscila entre los seis euros.
Pues para colmo y según denuncia el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, más de 900.000 trabajadores incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) no habían cobrado la prestación a mediados de mayo, por lo que «muchos llevan desde marzo sin ingresar ni un solo euro».
Lo que faltaba.
