El golpe a las mutuas de funcionarios amenaza con colapsar la sanidad pública

El Gobierno PSOE-Podemos se apresta a eliminar Muface y dejar a 2 millones de funcionarios sólo con sanidad pública

Las tres entidades son Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (Mutualidad General Judicial)

El Gobierno PSOE-Podemos se apresta a eliminar Muface y dejar a 2 millones de funcionarios sólo con sanidad pública
Sánchez, Igleias y los sanitarios españoles. PD

El objetivo del Gobierno PSOE-Podemos es la Sanidad privada, pero la patada se la van a dar en culo de dos millones de sufridos funcionarios españoles.

Como revela Carlos Cuesta en OKdiario este 18 de julio de 2020, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han puesto en su punto de mira a las tres mutuas de los empleados públicos.

Todo con la excusa de reforzar el sistema sanitario público.

Los «expertos» del Ministerio de Sanidad apuestan por recortar al máximo la factura en medicamentos, integrar a todos los funcionarios en la Sanidad pública y cortar de raíz la influencia de los laboratorios en la formación del personal sanitario. El plan contempla la integración de las tres mutuas de los empleados públicos en el sistema general de salud pública.

Las tres entidades son Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (Mutualidad General Judicial).

Lo que pretende el Ejecutivo es controlarlas y cortar el pago que destina cada mes para que los empleados públicos puedan disfrutar de una sanidad privada.

La idea socialcomunista tiene un pequeño problema: al retirar esos servicios sanitarios privados, dos millones de funcionarios pasarán al sistema de sanidad pública, con lo que el colapso puede ser colosal.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha dirigido ya una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que informe sobre sus planes sobre el sistema de mutualismo administrativo y en todo caso “garantice su mantenimiento y la actual cobertura sanitaria del colectivo de funcionarios”.

“CSIF se hace eco de la inquietud que ha generado un documento en el que trabaja el Ministerio de Sanidad donde se anuncia la intención de abordar la financiación de las mutuas”, señala la misiva. Y el mismo sindicato señala también que “la medida supondría la retirada de la financiación del Estado destinada a una asistencia sanitaria a la que se acogen dos millones de funcionarios”. Traducido: que esos “dos millones de usarlos de servicios médicos pasarían a entrar en el sistema público de salud”. Toda una garantía de colapso en plena era del coronavirus.

En un «documento dinámico» -habrá que preguntarle al Gobierno en qué consiste eso del dinamismo documental-, se señala que la crisis del coronavirus «ha evidenciado que nuestro SNS [Sistema Nacional de Salud] presenta ciertas debilidades que es necesario atender con premura si quiere aspirar a seguir siendo una referencia para todos ciudadanos y profesionales».

Las debilidades, según el Ejecutivo, están en las mutuas, la sanidad privada y la industria farmacéutica -todo lo privado genera en el Ejecutivo una extraña obsesión-, de modo que parece dispuesto a combatirlas.

El sistema de mutuas ha convivido con el Sistema Nacional de Salud desde su nacimiento  con el fin de dar cobertura a un régimen de la Seguridad Social al colectivo de funcionarios, pero ahora, aprovechando la crisis sanitaria del coronavirus, el Gobierno pretende darles la estocada.

Las consecuencias pueden ser devastadoras: de golpe y porrazo, el sistema de salud pública se encontrará con dos millones más de personas. Un pequeño detalle que el Gobierno ha pasado por alto.

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