Como se decía antes, si Pablo Iglesias y sus compinches montan un circo, les crecen los enanos.
El mismo día en que ‘El Español’ de Pedrojota sale con una encuesta según la cual Podemos cae al 9,6% en intención de voto, la cifra más baja desde que en 2015 llegó al Congreso de los Diputados, aparece en el ODdiario de Eduardo Inda la noticia de que a una de sus ‘estrellas’, la juez Victoria Rosell, empapelada en los juzgados de lo laboral por supuesta explotación a su empleada doméstica, le piden hasta cuatro años por coacciones. En realidad es a su pareja, novio o marido a quien le echan el muerto.
La mujer de nacionalidad boliviana Simona Chambi ha presentado una querella en la que solicita una pena de cuatro años de cárcel y una multa para el empresario Carlos Sosa –pareja de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell–, como autor de sendos delitos de coacciones y obstrucción a la Justicia.
Como explica M.A. Ruiz Coll este 31 de agosto de 2020, la querella sostiene que Carlos Sosa coaccionó a Simona Chambi para que renunciara a sus pretensiones económicas en la demanda laboral que ha presentado contra él y Victoria Rosell por «despido improcedente o nulo», después de trabajar durante más de siete años para la pareja como empleada del hogar.
El artículo 464.1 del Código Penal prevé una pena de uno a cuatro años de cárcel para el que «con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal». En cuanto al delito de coacciones, el artículo 172.1 del Código Penal establece una pena de uno a tres años de cárcel, sustituible por multa.
Simona Chambi presentó el pasado 8 de julio ante los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac) de Canarias la papeleta de conciliación laboral en la que pedía que su despido sea declarado nulo, o bien que Carlos Sosa le indemnice con 10.000 euros. Seis días antes de que se celebrara el acto de conciliación, previsto para el 23 de julio, Carlos Sosa se dirigió en tono amenazador tanto a Simona como a su abogado, Federico Vicente Marín, a los que acusó de estar compinchados con Vox en una «conspiración» contra él.
Primero envió a Simona Chambi el siguiente mensaje de whatsapp: «Buenas tardes, Simona. Espero que esté mejor. Ya me han avisado de Vox que van a publicar su demanda contra mí. Debo prevenirla de que también yo tengo a mi alcance mecanismos legales. Lamento mucho lo que está ocurriendo».
Una hora después, Carlos Sosa telefoneó al abogado de Simona Chambi, al que advirtió en el mismo tono amenazador: «He recibido esta mañana la citación [para el acto de conciliación] y le llamo para decirle que su demanda la tiene la formación política Vox y esta reclamación de Simona es una conspiración contra mi persona. Sólo le advierto: juego limpio, que yo conozco mis derechos y también tengo al alcance mecanismos», le dijo, según consta en la querella.
Según la querella, tanto Simona Chambi como su abogado interpretaron estos mensajes amenazadores como un intento de coaccionarles, ante el acto de conciliación que debía celebrarse seis días después. Una conducta que, sostienen en su escrito dirigido al juez, encaja con los delitos de coacciones y obstrucción a la Justicia.
En el acto de conciliación, el representante legal de Carlos Sosa rechazó las pretensiones económicas de su ex empleada del hogar: sólo estaba dispuesto a pagarle una indemnización de 833,34 euros. Tan sólo una hora después, la mujer de nacionalidad boliviana recibió una llamada de la Jefatura Provincial de Policía de Las Palmas en la que se instaba a acudir al día siguiente a declarar ante agentes de la Unidad de de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el grupo de la Policía Nacional especializado en investigar los grandes casos de corrupción.
