Medidas que afectarán a 9 millones de votantes

El Gobierno PSOE-Podemos se parte en dos ante los planes de congelar el sueldo a los funcionarios

Alberto Garzón, el ministro más inútil de la UE, advierte a sus compinches que «sería un error garrafal» y les haría perder las elecciones

El Gobierno PSOE-Podemos se parte en dos ante los planes de congelar el sueldo a los funcionarios
Pedro Sánchez y los podemitas Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón, Yolanda Díaz y Manuel Castells. PD

No se puede tapar el sol con un dedo. Digan lo que digan LaSexta, El País, cadena SER, RTVE y sus tertulianos de plantilla, el Gobierno PSOE-Podemos. está barajando medidas que afectan a varios colectivos importantes y que, además, presume de abanderar.

En menos de 24 horas, los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez han puesto en la diana a tres colectivos importantes. Se trata de los autónomos, los trabajadores de entre 50 y 60 años y los funcionarios. Todos ellos tienen un elevado peso en las urnas. En total, representan a 9,2 millones de votantes en España.

Lo que más obsesiona a Pablo Iglesias y sus colegas de Podemos, ahora con sueldos opulentos e instalados en mansiones de postín, es el tema de los funcionarios.

El debate sobre si incluir o no la congelación de los sueldos públicos en los Presupuestos de 2021 ha abierto un nuevo cisma en el Gobierno de coalición.

En los últimos dos días, diferentes ministros se contradicen entre ellos sin dejar claro si realmente se baraja o no la aplicación de esta medida en las cuentas. El último en pronunciarse al respecto ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien advirtió este viernes en una entrevista en Onda Madrid que «sería un error» y por tanto «no puede estar en la hoja de ruta» del Gobierno, congelar el sueldo a los funcionarios.

Garzón alertó de que sería «absolutamente erróneo hablar de recortes sociales y laborales», en general pero sobre todo «en un momento como éste, en el que lo que se debe hacer es estimular la economía por la parte de la inversión pública».

Por tanto, cree que «sería un error garrafal iniciar una vía de recortes en derechos laborales, sociales y de servicios públicos» y que la congelación de salarios a los empleados públicos «no puede estar en la hoja de ruta en ningún momento», sino que al Gobierno «progresista» le corresponde recuperar los derechos y el poder adquisitivo supuestamente perdidos por los funcionarios bajo el anterior Ejecutivo del PP.

Preguntado si entonces él no es partidario de esta posibilidad que ayer no descartó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contestó: «No, absolutamente, hay que decirlo de forma muy clara».

E insistió en que sería «un error desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista de la justicia social».

Por contra, el ministro de Inclusiones, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dejó la puerta abierta esta misma mañana a una posible congelación del sueldo de los funcionarios, algo que ha dicho que «desde el punto de vista macroeconómico no es muy relevante como podría ser en otras circunstancias», ya que la evolución de los precios está siendo «muy contenida», con una caída en los últimos doce meses del IPC del 0,5% en agosto, una expectativa de inflación negativa de año y también «muy contenida» en 2021.

Además, ayer la ministra Montero tampoco descartó esta opción, aunque sí lo hizo antes la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Esta última dijo a primera hora de la mañana que la congelación del sueldo de los funcionarios no estaba «sobre la mesa», pero, horas más tarde, la ministra de Hacienda dijo que habría que estudiar todas las posibilidades.

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, coincidió ayer con Escrivá al recordar que los funcionarios han ganado poder adquisitivo en los últimos años y que el escenario de inflación es cero, consideraciones que, dice, habrá que «tener en cuenta« de cara a una posible revisión de sus sueldos en 2021.

En una entrevista en la COPE, explicó que los funcionarios han recuperado las pérdidas que soportaron durante la crisis, unos comentarios que parecían abrir la vía a una posible congelación de los salarios de los funcionarios.

Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, han indicado que «no hay nada hasta que no haya proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado para 2021».

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