Son dos mundos muy diferentes, aunque todos sus integrantes aparezcan agrupados en los medios de comunicación con la etiqueta de ‘trabajadores’.
Unos, sean felices o infelices, se diviertan o se aburran, tienen garantizado el sueldo, el puesto y hasta la jubilación.
Los otros, lo de los ‘privado’, viven con el alma en vilo y cuando llegan circunstancias como las actuales o ruge la pandemia de coronavirus, corren el riesgo de irse al paro. Y encima, estadísticas en la mano, cobran menos.
El 63,6% de los trabajadores del sector público español cobra al menos 2.221,2 euros al de sueldo mensual. Y ahora tendrán una pequeña subida, que les concede el socialista Pedro Sánchez para intentar asegurarse sus votos.
En contrate, solo el 22% asalariados del sector privado alcanzó esta remuneración.
Son datos oficiales, sacados del estudio sobre salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
El salario medio bruto en el sector público alcanzó los 2.760,9 euros en 2019, mientras que en el sector privado se situó prácticamente 1.000 euros por debajo, en 1.796,9 euros.
Para evitar que los funcionarios pierdan poder adquisitivo, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado contempla una subida del 0,9% de sus salarios para 2021, en línea con la inflación prevista para el próximo año.
En cuanto a los salarios intermedios y más bajos, las tornas se dan la vuelta y son los trabajadores del sector privado los que predominan.
En concreto, el 42,4% de los asalariados del sector privado cobra entre 1.324,2 euros y 2.221,1 euros, frente a solo el 29% de los funcionarios. En el nivel de salario más bajo la diferencia es aún mayor. El 35,2% de los asalariados que trabajan en el sector privado cobra menos de 1.324,2 euros al mes, frente a tan solo el 7,5% de los empleados públicos.
Para entender esa diferencia salarial, hay que tener en cuanto los distintos componentes de los que depende el salario de un funcionario. Los funcionarios están divididos en seis grupos (A1, A2, B, C1, C2, E) en función de la formación requerida y la labor que desempeñan. Para los dos primeros es necesario tener título universitario y para acceder al grupo B se pide el título de Técnico Superior.
Para los grupos C1 basta con tener bachiller o grado medio, para el C2 con la ESO es suficiente y solo al grupo E pueden acceder personas con ningún tipo de titulación.
El salario de los funcionarios también sufre notables incrementos en función de los complementos que se le apliquen a cada trabajador.
Al salario base hay que sumarle las dos pagas extra anuales; los trienios, una cantidad extra que se cobra por cada tres años de antigüedad; el complemento de destino, que aumenta en función de la responsabilidad y complejidad del puesto; el complemento específico, por ejemplo, por disponibilidad horaria o por peligrosidad y el complemento de productividad.
La superioridad salarial frente al sector privado no implica que los funcionarios no hayan sufrido recortes en sus salarios. Tal y como denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo de entre el 12,9% y el 17,9% desde 2010.
Ante esta situación, el sindicato reivindica un acuerdo a varios años que contemple una «recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones» y que se sume al plan de recursos humanos para reforzar las plantillas de la administración.
