Chocante a primera vista, pero muy lógico.
Mientras el Gobierno estudia cómo regular la situación laboral de los repartidores de plataformas digitales (rider), el debate se produce con este colectivo más dividido que nunca, después del cisma abierto entre quienes quieren seguir siendo autónomos -sobre todo inmigrantes- y los que exigen ser contratados en plantilla.
Harold tiene 23 años, es venezolano. Emigró de Caracas a España y lleva tres años trabajando de repartidor. Él fue uno más de los cerca de 2.000 rider pro-autónomos que salieron a manifestarse esta semana, y esgrime razones económicas para defender un modelo contestado bajo la legislación actual por Inspección de Trabajo y los tribunales.
«La mayoría de los repartidores somos extranjeros y necesitamos hacer dinero. Con este sistema, si quiero trabajar más horas este mes para ganar más, lo hago. Trabajando 22 días de cada 28 consigo 1.200 euros netos (descontando cuota de autónomos y otros gastos), y eso es más de lo que gana mi primo por ejemplo, que trabaja con contrato de camarero y no tiene la misma flexibilidad que yo», razona en declaraciones.
Su postura contrasta con la defendida históricamente por los primeros representantes del colectivo de repartidores, que reclaman ser asalariados, en línea con lo que dicen las actas levantadas por Inspección de Trabajo contra las empresas del sector (Deliveroo, Glovo y Ubereats entre ellas) y varias sentencias judiciales, que los considera «falsos autónomos».
El Ministerio de Trabajo ha hecho de este tema una de sus «banderas» y negocia con patronal y sindicatos desde hace meses la llamada Ley Rider; su intención es exigir que los repartidores forman parte de las plantillas, aunque de momento falta por cerrar la letra pequeña.
Cambio de perfil
«Hay muchos repartidores que defienden ser autónomos que creen que en realidad somos emprendedores, y que ven lógico trabajar 85 horas semanales para superar los 2.000 euros de facturación. ¿Eso es flexibilidad? ¿Tienes tiempo para hacer algo más cuando trabajas 12 horas al día?», contrapone un portavoz de Riders x Derechos.
Fuentes del sector señalan que detrás de este debate se esconde un cambio de perfil del repartidor: si entre 2015 y 2017 la mayoría eran españoles -muchos de ellos jóvenes universitarios que compaginaban el trabajo con sus estudios-, hoy el número de extranjeros ha crecido de forma notable y para muchos se ha convertido en su principal y única fuente de ingresos.
También coinciden en que al calor de esta evolución existe un mercado negro en el que repartidores que están dados de alta en varias plataformas a la vez ceden alguna de las cuentas a migrantes llegados a España sin permiso para trabajar, de forma que puedan ganar dinero mientras regularizan su situación.
El consenso acaba ahí. Los repartidores anti-autónomos denuncian que las cuatro asociaciones pro-autónomos (APRA, AAR, Asoriders y el movimiento Repartidores Unidos) están auspiciados por las propias empresas de reparto, y estos últimos acusan a los primeros de ser cada vez menos representativos y estar vinculados a sindicatos.
Las posiciones entre ambos colectivos están radicalmente enfrentadas y no existen cifras oficiales sobre cuántas personas componen actualmente este sector, aunque se estima que en España hay entre 20.000 y 30.000 repartidores aproximadamente.
¿Más o menos precariedad?
La discusión se produce además con el sector del envío de comida a domicilio en pleno frenesí, impulsado por una pandemia, que ha reducido las visitas a bares y restaurantes y ha disparado los pedidos para llevar a casa.
«Está claro que hay dos perfiles distintos, los repartidores extranjeros normalmente tenemos familia fuera a la que mandamos dinero y por eso hay disposición para trabajar más horas de las que haría un asalariado», reconoce otro repartidor pro-autónomo.
Los portavoces de este colectivo argumentan que si las plataformas se ven obligadas a contratar, la situación no mejorará y anticipan un escenario con menos cantidad de repartidores y el uso de contratos temporales -citan como ejemplo el caso de grandes cadenas con flotas de reparto propias-, por lo que no se acabaría con la precariedad. Por eso preferirían mantener el sistema actual, pero con «mejoras».
En contraposición, quienes defienden ser asalariados descartan que la cifra de repartidores se reduzca cuando los pedidos no hacen sino aumentar, aunque admiten que una vez contratados no se acaban los problemas y es probable que las empresas opten por la temporalidad. Aun así, inciden en que al menos contarán con algunos derechos «básicos» como vacaciones pagadas o indemnización por despido.
«Al final las plataformas lo saben, la gente que no tiene papeles o que tiene más necesidad económica te hará un pedido al precio que sea y a la hora que sea. Y nosotros decimos que queremos trabajar, pero con condiciones dignas», arguyen responsables de Riders x Derechos.