El Gobierno Zapatero no asume -y así empeora la situación- que, para salir de la crisis, ha de abordar un recorte traumático del gasto público, empezando por reducir la estructura hipertrofiada de la organización administrativa española
Los datos de la encuesta de población activa correspondientes al tercer trimestre de este año son la radiografía de un mercado laboral roto por el desempleo.
El leve descenso de 14.100 personas en la cifra global de parados entre julio y septiembre es un puro espejismo frente a la destrucción de 74.000 puestos de trabajo y la tasa del 17,93 por ciento de paro.
Ni el plan E de obras locales ni la temporada de verano han podido, no ya revertir, siquiera contener el desplome del empleo.
El Gobierno Zapatero, vencido por la realidad, anuncia ahora que el paro seguirá aumentando en lo que resta de año, por lo que cabría preguntarse si las cifras de prestaciones por desempleo contenidas en los Presupuestos Generales para 2010 siguen siendo válidas o, si por el contrario, el Gobierno va a construir nuevamente castillos en el aire con previsiones ilusorias.
Hay más de cuatro millones de parados y 1.136.500 hogares con todos sus integrantes activos en paro.
Con una tendencia constante de destrucción de empleo, estas cifras abocan a una situación de emergencia social, en la que resultan coherentes el deterioro del nivel de vida de las familias españolas y el incremento de la pobreza en España.
Y si el cuadro de situación revela un panorama de extrema gravedad, políticamente es un certificado de ineficacia de la política económica del Gobierno socialista.
El nuevo fondo multimillonario aprobado ayer por el Consejo de Ministros, por importe de 5.000 millones, para los Ayuntamientos, es más de lo mismo, es decir, un empeoramiento de las políticas inútiles de creación artificial de actividad económica.
La mayor parte de ese fondo deberá ser destinado por las administraciones municipales a proyectos relativos a medio ambiente, innovación económica e iniciativas sociales.
Todo muy loable, pero que no va a crear empleo de larga duración, ni infraestructuras productivas, ni actividad económica consolidada.
Más bien parece una excusa para destinar 1.000 millones a los gastos corrientes de los Ayuntamientos, que teóricamente deberían ir destinados a financiar planes de dependencia.
El Gobierno socialista no asume -y así empeora la situación- que, para salir de la crisis, ha de abordar un recorte traumático del gasto público, sin comprometer el gasto social, empezando por reducir la estructura hipertrofiada de la organización administrativa española.
No es sostenible financieramente un paro del 18 por ciento, pero tampoco la existencia de Ministerios inútiles, el despilfarro de autonomías plagadas de gastos prescindibles y la gestión malversadora de muchos ayuntamientos.
Esta crisis sólo va a ser superada si el Gobierno lidera un sacrificio general, que reparta costes también entre las administraciones del Estado, en vez de contribuir a la resignación y el desánimo.
Pero para esto hay que tener una determinación de la que carece el Gobierno. También tiene que cambiar el discurso.
Con sólo buenas palabras y llamamientos al voluntarismo no se resuelve ningún problema económico. En el mes de junio, Zapatero anunciaba que «creamos empleo con intensidad» y que la economía española «marcha más que bien».
Estos son los diagnósticos que explican la situación actual.
