Entrevista a Luis Salvaterra, de Intrum Justitia

Las facturas impagadas del Estado equivalen a una inyección de liquidez de 9.300 millones de euros

Los datos confirman la pesadilla de autónomos y pymes

Una empresa tarda en cobrar 139 días de media cuando negocia con el sector público

La morosidad ahoga. Al menos un 90% de las empresas españolas cobra sus pagos con retraso. Eso, cuando consigue cobrar.

Los retrasos en el pago y los impagos aniquilan a autónomos y pymes pero nadie hace nada. Allá se las apañen. Para más inri, el Estado, lejos de tomar cartas en el asunto, es el peor pagador.

Los datos que revela un reciente estudio publicado por la internacional Intrum Justicia son escalofriantes. España es el sexto país europeo con mayor índice de riesgo de impago y una empresa tarda en cobrar una factura unos 90 días.

EL SECTOR PÚBLICO, EL PEOR PAGADOR

La situación empeora cuando hablamos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. El problema es de tal envergadura que si el sector público en España pagara sus facturas a tiempo, equivaldría a una inyección económica de 9.300 millones de euros.

Luis Salvaterra, director general de Intrum Justitia, explica que no hay una única causa para este fenómeno:

«Tiene que ver con el mal funcionamiento de los tribunales españoles pero también con una falta de profesionalidad en la gestión del crédito y de los cobros»

«También la legislación. Al contrario que en Europa, esta no es suficientemente penalizadora para los malos pagadores»

«Al final, las empresas se financian con sus proveedores y no con los bancos. Con todo esto, quien pierde es la economía porque es menos transparente y sólo pueden sobrevivir las grandes empresas con capacidad financiera»

Explica que el problema se agrava porque el Estado no paga, y esto tiene un impacto muy grande en la economía.

«Para una empresa es peor que no le pague el Estado. Según nuestro estudio una empresa tarda en pagar 98 días, mientras que el Estado tarda en pagar 139 días. Existe una diferencia muy grande»

DIRECTIVA EUROPEA

El Consejo Económico y Social revisa la directiva del año 2000 que establece las bases sobre este asunto. Esta legislación no ha sido efectiva y es necesario aumentar la presión sobre los morosos.

«Un primer paso sería que Europa obligara al Estado, que es el peor pagador en todos los países, a pagar. Fijar fechas para ello. Y si incumple, que esté obligado a pagar intereses de demora»

«El segundo paso, que ya existe en algunos países de Europa, es imputar los gastos del cobro al deudor. Esto tiene un efecto muy penalizador para las empresas»

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