Uno de los reclamos de la calle que sí recoge es recortar los periodos de cobro tanto con la Administración Pública como en el sector privado
Demasiado bonito para ser verdad. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha presentado el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible como una «ventana de oportunidades económicas y laborales» en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el texto. Entre las medidas más destacadas figura la mejora de la deducción del alquiler y por obras en la vivienda habitual.
De la Vega ha explicado sus pilares básicos:
- La reforma de los reguladores
- La transparencia salarial
- La mejora de los pagos de la Administración.
(Puede consultar el documento de presentación facilitado por Moncloa en este link)
Poco más que responder a los asuntos más escandalosos de esta crisis pero que no parecen ser la clave para tener una economía más eficiente. A priori, suena a palabras bonitas y populismo sin costes.
La receta se completa con un poquito de medias fiscales ya anunciadas y alguna pincelada nueva, como una deducción por obras en la vivienda.
DE NÚMEROS NI HABLEMOS
El Gobierno ha aprobado los Presupuestos Generales sin destinar un euro a la reforma del modelo productivo. Ya vendría en la Ley de Economía Sostenible. Pero tampoco ahora prevé fondos para poner en marcha todo esto.
El único importe que ha salido a la luz durante su presentación han sido los 20.000 millones de euros que servirán para financiar proyectos de economía sostenible a través del ICO y de entidades de crédito para proyectos de Economía sostenible.
Periodista Digital ha consultado al Ministerio de Economía:
La Ley no tiene incidencia presupuestaria. Ninguna ley la suele tener. No hay nada más allá de lo que ayude a proyectos de economía sostenible y ya esté en marcha. Se trata de hacer ajustes legales y temas fiscales para favorecer un cambio de modelo
El dinero al través del ICO son préstamos, no dinero que pone el Estado
Es decir, no cuenta con fondos.
PRINCIPALES PUNTOS
Según de la Vega, servirá para abrir oportunidades salariales. Exigirá una mayor transparencia a la banca y a las empresas cotizadas en materia de remuneración de sus directivos.
La ministra Salgado ha defendido así la Ley:
Habrá una mayor transparencia, particularmente en lo que se refiere a las remuneraciones del personal ejecutivo
Ha señalado que el objetivo es que las entidades financieras y todas las empresas cotizadas pongan a disposición de los accionistas un informe sobre remuneraciones.
REDUCIR LOS PLAZOS DE PAGO DE LA ADMINISTRACIÓN
Uno de los reclamos de la calle que sí recoge es recortar los periodos de cobro tanto con la Administración Pública como en el sector privado.
Más vale tarde que nunca, pero ya han desaparecido unos 400.000 autónomos en nuestro país desde que comenzara la crisis.
Reducirá los plazos de pago de las administraciones públicas a pymes y autónomos de 60 a 30 días como máximo, y obligará a todas las sociedades cotizadas a realizar un informe sobre las remuneraciones de los consejos de administración y del equipo directivo, que deberá someterse a votación como un punto separado en las juntas de accionistas.
El plazo de los pagos a proveedores en el sector privado también se limitará a un máximo de 60 días, al tiempo que se establecerá un mayor control en las entidades locales para que paguen las facturas de los proveedores en tiempo y forma.
SUELDOS DE LOS DIRECTIVOS
El anteproyecto contempla también una mayor transparencia en lo que se refiere a la remuneración del personal directivo no sólo del sector financiero, sino de todas las sociedades cotizadas.
El informe de remuneración que deberán elaborar estas empresas, el Banco de España prestará una especial atención a estas políticas de remuneración para que sean «responsables» y las entidades financieras deberán publicar información sobre sus políticas de retribución.
El Gobierno acometerá una reforma «ambiciosa» de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional del Sector Postal, y también hará cambios en la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), como reducir a cinco su número de consejeros.
Este anteproyecto también atiende una reivindicación importante. Evitar la ingente burocracia para hacer cualquier acción productiva.
La pregunta ahora es si hacia falta una Ley anunciada a bombo y platillo para recoger unas medidas que, a todas luces, eran necesarias desde hace mucho tiempo.
