La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC) de Pontevedra denunció hoy que la «reiteración de prácticas administrativas favorecedoras de la discrecionalidad» en los procesos de licitación de obras del ‘Plan E 2010’, cuyas adjudicaciones quedan determinadas por criterios de valoración tan «subjetivos», que eliminan cualquier posibilidad de control efectivo por parte de los órganos jurisdiccionales. Además, reprobó la subcontratación de trabajos a empresas extranjeras.
De esta manera, aseguró que, por segundo año consecutivo, las adjudicaciones de las obras están concentradas en un reducido grupo de empresas. Además, indicó la APEC Pontevedra, existe un segundo grupo de ayuntamientos que en base al criterio de contratación de personal desempleado como elemento a valorar para la selección de la empresa constructora, «o no han establecido ningún tipo de límite en función de las características de las obras a realizar, o han establecido límites desproporcionados».
En opinión de la asociación, se propician «situaciones absurdas e irracionales» en las que se están seleccionando a empresas que, para realizar la obra adjudicada, «se comprometen a aportar un personal, al que en algunos casos le resultaría físicamente imposible trabajar realmente en dicha obra por falta de espacio material».
La APEC se mostró, asimismo, «preocupada» por la «competencia descontrolada» entre las empresas al elaborar sus ofertas con bajas económicas del 30, 40 y hasta el 50 por ciento sobre el presupuesto de la licitación.
Según indicó, se dan casos en que algunas empresas adjudicatarias han superado el 70 por ciento de rebaja en la ejecución de alguna obra si se suman la baja económica y las obras que ofrece ejecutar a mayores de lo que indica el proyecto. Con este ‘modus operandi’, en lugar de generar riqueza, se «destruye el tejido industrial y se empobrece el país».
SUBCONTRATACION
Además, expresó su preocupación por que pudiera repetirse, por segundo año, la subcontratación de muy importantes unidades de obra a empresas que «de manera reiterada incumplen» las condiciones especiales de ejecución impuestas a la adjudicataria del contrato, en materia de contratación de trabajadores desempleados.
A este respecto, la asociación de constructores de Pontevedra, avisó de que «esta situación ha sido especialmente grave» en los casos en que la empresa adjudicataria recurrió a subcontratas extranjeras para el desarrollo de los trabajos, lo que conllevó la circunstancia «incongruente» de que recursos económicos extraordinarios del Gobierno destinados a dinamizar la economía española «sirvieron finalmente para dar actividad de manera indirecta a empresas extranjeras en detrimento de las estatales».
A ello, sumó la advertencia de que las empresas foráneas presentan, en muchas ocasiones, «presupuestos de ejecución por debajo de los costes de producción», lo que es un «indicio de que la retribución de su personal está muy por debajo de las tablas salariales de la provincia».
MOROSIDAD AYUNTAMIENTOS
Finalmente, avisó de que la morosidad de los ayuntamientos está siendo un «lastre» para las empresas del sector y denunció el «gravísimo perjuicio» que está causando al sector de la construcción esta situación.
Además, señaló que existen empresas que «tardan más de cuatro años» en cobrar las deudas contraídas por estas administraciones, las cuales incumplen «sistemáticamente» la normativa legal vigente y se escudan en el carácter inembargable de sus bienes, así como en el miedo a reclamar derivado del desequilibrio de fuerzas entre las partes.
