La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, coordinadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, han efectuado una gran operación contra el fraude fiscal que afecta al empresario catalán Demetrio Carceller.
El empresario es patriarca de una de las familias más ricas de España. La mayor parte del patrimonio familiar figura todavía a su nombre, pero el negocio lo lleva su hijo, del mismo nombre, que tiene una importante presencia en varios consejos de empresas del Ibex, según publica el diario ‘El País’.
Ni Demetrio Carceller hijo, que es consejero de Sacyr, Gas Natural, Ebro y CLH, además de presidente de la petrolera Disa y la cervecera Damm, está siendo objeto de la investigación, ni tampoco lo está siendo Disa, la compañía que preside, según han indicado a Europa Press en fuentes de esta empresa.
REGISTROS EN MADRID, BARCELONA Y SEVILLA
La operación antifraude llevada a cabo por la AEAT y el Instituto Armado, denominada ‘Pinta’, ha implicado diez registros en empresas y domicilios particulares de Madrid, Barcelona y Sevilla, y se ha centrado en demostrar la residencia real y efectiva en España de Demetrio Carceller, que llevaba ya deslocalizado para la Hacienda española más de 15 años, simulando residir fuera de España. La gravedad del fraude implica que se estén instruyendo diversos delitos fiscales.
En los registros efectuados han participado cuarenta agentes de la Guardia Civil junto con inspectores de Hacienda y otros funcionarios de la Agencia Tributaria. El objeto de las actuaciones ha consistido en demostrar la titularidad real de paquetes accionariales de sociedades españolas, titularidad enmascarada detrás de estructuras fiduciarias creadas en territorios ‘off-shore’ o paraísos fiscales.
La valoración de estos paquetes accionariales, que están en sociedades radicadas en paraísos fiscales, se estima en más de 500 millones de euros, según ha informado hoy la AEAT, que precisó que el juez ha ordenado como medida cautelar la inmovilización de los mencionados paquetes de acciones.
La investigación ha constatado que se han utilizado cuentas abiertas en el extranjero a nombre de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales operadas desde un banco establecido en España.
