un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros y un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros
Una semana después de que el Banco de España advirtiera a Caja Mediterráneo (CAM) de que no tenía otra opción que seguir adelante con la fusión fría pactada a finales de mayo con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, su consejo de administración ha dado luz verde al contrato de integración.
El consejo aceptó los términos del acuerdo pactados, incluidos los aspectos más espinosos. En concreto, los poderes del futuro consejero delegado de la entidad que surja de la fusión.
Eso sí, el visto bueno contó con los votos en contra de los dos sindicatos representados en el consejo (UGT y Sicam). Los otros 18 miembros aprobaron la propuesta.
El órgano directivo de la entidad alicantina lo explica así:
«El buen hacer y la flexibilidad de las cajas participantes han posibilitado un acuerdo propio de una entidad moderna, fuerte, solvente y bien posicionada para competir en el actual contexto financiero, y que está llamada a liderar el sector».
Al texto inicial de formalización de la SIP se han incorporado «aclaraciones» en lo referente a las delegaciones de poder del futuro consejero delegado, cargo que podría recaer en el presidente de la entidad asturiana, Manuel Menéndez.
No obstante, aún no ha trascendido a los medios de comunicación en qué consisten dichas «aclaraciones» ni en qué términos se han producido.
En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y miembro del Consejo de Administración de CAM, José Enrique Garrigós, ha manifestado que «se han cambiado los puntos del primer protocolo que no convenían ni a los intereses de Alicante ni a la trayectoria financiera de esta provincia».
A su juicio, el punto fundamental del acuerdo hace referencia al poder de decisión del Consejo de Administración en el futuro banco que estará, «como no puede ser de otra forma, por encima de la capacidad de decisión del primer ejecutivo».
El contrato, según Garrigós, preserva la capacidad de decisión de la provincia de Alicante, «por lo que ésta no perderá poder en la futura entidad».
«Es muy importante que se haya podido reconducir la situación, sin vencedores ni vencidos», ha añadido. Fuentes de la CAM, que no han apuntado ni precisado estos aspectos, han afirmado que CAM ha alcanzado este acuerdo tras valorar las ventajas que la constitución de uno de los grupos de cajas de ahorros con «mayor fortaleza y proyección» de España supondrá para clientes, empleados y para la sociedad en general.
La propuesta de abordar el SIP junto a las otras tres entidades financieras fue incorporada hace unos días en el orden del día de la reunión ordinaria del Consejo Administración de hoy en la que se han tratado otros temas económicos.
CAM comunicó el pasado 15 de julio aceptar el citado Contrato de Integración en un SIP «excepto en lo que se refiere a la delegación de las facultades en el consejero delegado».
Según el protocolo aprobado por el Banco de España el pasado 29 de junio, el presidente de Cajastur ostentaría este cargo por un período de seis años, prorrogable automáticamente por otros seis si no hay un acuerdo entre los miembros del consejo de administración.
Además, el consejero delegado tendría las facultades de nombrar a los dos directores generales y determinar las funciones que tienen que desarrollar; un poder que buena parte de los consejeros de la entidad alicantina, que preside Modesto Crespo, rechazaron en la reunión del pasado 15 de julio.
Un día después, el Banco de España instó a la entidad alicantina y a Cajastur a resolver las diferencias en todos sus términos, incluido lo relativo a la delegación de las facultades en el consejero delegado.
La integración de las cuatro entidades dará lugar a la creación del tercer grupo de cajas y al quinto grupo financiero del país, con un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros y un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros.
Cada caja mantendrá su personalidad jurídica, su implantación regional de negocio minorista, así como sus órganos de gobierno y obra social independientes, poniendo en común las políticas de riesgos, tesorería, calificación crediticia, control interno y requerimientos regulatorios, con la puesta en común del cien por cien de los beneficios y de sus recursos propios.
En los próximos meses, las cuatro cajas integrantes darán los pasos necesarios para materializar el proceso de integración.
El equipo directivo de la Caja ha declarado estar «muy satisfecho» por la culminación de este proceso, que permite a la entidad alicantina formar parte de uno de los SIP «más potentes del mercado financiero español».
«En la entidad estamos muy satisfechos con el acuerdo alcanzado, que nos convierte en el tercer grupo de cajas de este país», ha reiterado Crespo.
