Sebastián destaca que con la compra de Vivo, Telefónica se convierte en la primera operadora de Brasil

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, calificó hoy de «buena noticia para Telefónica y para España» la compra del operador brasileño Vivo por parte de Telefónica, porque supone que el grupo español «se convierte en la principal empresa de telefonía en Brasil, un mercado con más de 200 millones de habitantes».

El titular de Industria celebró que la operación se haya encauzado finalmente a través del acuerdo entre el grupo que preside César Alierta y Portugal Telecom. «Nos ha gustado el procedimiento de diálogo pactado, que creo es la mejor forma de solucionar los problemas y los desencuentros», subrayó.

En opinión del ministro, el Gobierno ha tenido una actitud «prudente, no tibia», de respeto y de apoyo a una «solución dialogada».

«Por tanto, no podemos más que felicitarnos de que se haya llegada tan rápido a esa solución. Felicitar a Telefónica, a Portugal Telecom y al Gobierno portugués por una muy buena noticia para todos», remachó.

Telefónica ha alcanzado un acuerdo para comprar a su socio luso Portugal Telecom el 30% de Vivo que controla a través de Brasilcel por un precio de 7.500 millones de euros, lo que supone 350 millones más respecto a la última oferta del grupo español y es un 31,5% superior a la oferta inicial de 5.700 millones.

Las acciones de Telefónica cerraron la jornada bursátil con una subida del 0,71%, a un precio de 17 euros por título. Asimismo, los títulos del operador portugués, que permanecieron suspendidos de cotización hasta conocerse los términos de la operación, finalizaron la sesión con un repunte de un 2,81% a un precio de 8,53 euros, tras alcanzar un precio máximo durante la jornada del 8,85 euros.

Por su parte, los títulos del operador brasileño Vivo, que cotizan en la bolsa de Sao Paolo, registraban subidas de casi un 14%, hasta los 111 reales brasileños, tras conocerse la operación.

El acuerdo se cierra casi tres meses después de la oferta inicial del grupo presidido por César Alierta por importe de 5.700 millones de euros y tras varios desencuentros con el Gobierno portugués, que aplicó la ‘acción de oro’ para vetar la operación.

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