El Gobierno remite al Congreso la ley del servicio postal universal

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, tras el proceso de consultas en el que han participado agentes y empresas del sector así como diversos órganos consultivos, y después de recibir el dictamen favorable del Consejo de Estado.

Con este proyecto, se traspone al ordenamiento jurídico español el nuevo marco regulador europeo establecido por la Directiva comunitaria de 20 de febrero de 2008, en relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios.

Según el Ejecutivo, la nueva ley establecerá el régimen aplicable a la prestación de los servicios postales, garantizará el correcto funcionamiento del mercado postal, la prestación de un servicio postal universal de calidad y la protección de los derechos de los usuarios y los trabajadores del sector.

Para garantizar un servicio postal universal de calidad, que incluye las cartas y tarjetas postales de hasta dos kilogramos, y paquetes de hasta veinte kilogramos, tanto ordinarios como certificados, el proyecto de ley regula todos los aspectos, ya sean materiales como de principios, a los que debe atenerse la prestación por parte de Correos y Telégrafos, que en España continuará siendo el prestador designado único para el servicio postal universal.

La norma contempla también un sistema de financiación que garantiza la suficiencia de recursos para hacer frente a la carga financiera que tiene que soportar el operador designado. Así, además de la contribución que todos los operadores y usuarios deben realizar, se establece una aportación del Estado para garantizar la suficiencia de recursos.

Los derechos de los usuarios de los servicios postales es el segundo de los elementos esenciales que desarrolla el proyecto de ley. Algunos de estos derechos son nuevos, otros aparecen ahora elevados al rango de ley y todos ellos quedan sistematizados y garantizados por la misma.

Así, a los tradicionales derechos al secreto e inviolabilidad de la correspondencia, a la propiedad de los envíos o a la protección de datos, se suman el derecho a la información sobre los servicios postales, el de reclamación y denuncia, el derecho a la identificación del operador y el de protección de los envíos no entregados.

Por último, la nueva regulación persigue crear un mercado más dinámico, eliminando las barreras de entrada, con empresas postales más competitivas y más comprometidas con una economía sostenible y socialmente responsable.

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