La «investigación interna» promovida por la Consejería de Empleo sobre cada una de las prejubilaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2003 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, no ha localizado «en principio» ninguna anomalía como la protagonizada por María del Carmen Fontela, quien figura en el procedimiento como aspirante a la prejubilación pese a no haber trabajado jamás en la empresa. El consejero de Empleo, Manuel Recio, aclara no obstante que la investigación está aún «por concluir» y ha defendido que el por entonces delegado provincial del ramo, Antonio Rivas, tenía «potestad» para autorizar los ERE de 2003 y 2007.
En declaraciones a los medios de comunicación, Manuel Recio ha insistido, una vez más, en que la Consejería de Empleo no tiene «ningún compromiso» en cuanto a la financiación de las prejubilaciones consumadas en Mercasevilla merced al expediente de regulación de empleo promovido en 2007, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros como mayor losa financiera del mercado central de abastos. Mientras los aproximadamente 40 prejubilados de este ERE ven peligrar sus prestaciones al desligarse de sus pagos la Junta de Andalucía, que figuraba en la documentación como la principal fuente de financiación, Recio ha recordado que el ERE de 2003 fue autorizado e incentivado por la Administración autonómica, si bien el expediente de regulación de empleo de 2007 «no pasa» los filtros correspondientes a la incentivación pese a haber sido aprobado.
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