El Instituto de Estudio Económicos (IEE) calcula que se perderán 50.000 empleos en el sector hostelero por los efectos de la nueva Ley antitabaco, una cifra que supone rebajar casi en dos tercios las estimaciones de 140.000 despedidos realizadas por la Federación de Hostelería el pasado octubre.
El director del IEE, Juan Iranzo, ha asegurado durante la presentación de las conclusiones de un informe que analiza las repercusiones económicas sobre el sector hostelero de la nueva Ley antitabaco, que el estudio trata de comparar los efectos que ha tenido la aplicación de legislaciones antitabaco en otros países y el impacto que tendrá en España.
La directora de la investigación del IEE, Carmen Calderón, ha subrayado que la Ley antitabaco ocasionaría una pérdida de puestos de trabajo de entre el 3 y el 3,5 por ciento, sobre los 1,5 millones de empleos que genera el sector.
Calderón ha cifrado la caída de las ventas de la hostelería y la restauración entre un 5 y un 10 por ciento, lo que podría suponer hasta 7.000 millones de ingresos menos respecto a las cifras de 2009.
Esta situación, a su juicio, generaría un «impacto muy negativo» sobre la aportación del sector al Producto Interior Bruto, que en estos momentos se sitúa en el 7,2%, según el estudio.
Calderón ha detallado que el impacto de la reducción de las ventas no sería homogéneo en todo el sector y que la mayor repercusión se daría en bares, cafeterías y restaurantes.
Si el objetivo de la ley es la salud del individuo, «existen otras vías no reguladoras, a través de la política fiscal y campañas publicitarias e informativas que podrían generar efectos más beneficiosos y sin las repercusiones económicas que supondría este endurecimiento», ha planteado.
Para Calderón debe primar «por principio, desde un punto de vista económico, la defensa de la libertad del consumidor de elegir y decidir por sí mismo sus opciones de consumo, en este caso de tabaco, y el respeto a esa libertad del consumidor y a la de la empresa, que deben marcar cualquier tipo de regulación».
«Muchas veces el sector público puede llegar a traspasar una línea un poco difusa donde la intervención pública reguladora debe respetar la libertad individual; no sólo del consumidor, sino también del productor y de la empresa», ha remarcado.
Calderón se ha referido, además, a cómo se han visto afectados los países donde se ha aplicado una regulación de tabaco restrictiva como Reino Unido o Irlanda y Grecia, con un peso de la hostelería en la economía y el empleo menor que en España.
En el caso de Grecia, ha apuntado que se ha tenido que dar posteriormente «marcha atrás» a la norma por la presión social y de determinados sectores económicos.
Por su parte, el adjunto a la presidencia de la Federación Española de Hostería y Restauración (FEHR), José Luis Guerra, ha declarado que el sector está a favor de que se modifique la ley de medidas contra tabaquismo y a que se amplíen las zonas de no fumadores en los establecimientos de hostelería.
Guerra ha explicado que la propuesta del sector soluciona de forma satisfactoria los tres problemas aducidos por Sanidad para justificar la ley que se tramita en el Senado; que se protejan a los menores y a los trabajadores, y que los no fumadores encuentren en todos los establecimientos espacios suficientes libres de humos.
En este sentido, ha recordado que el sector de la restauración ha planteado el establecimiento de espacios aislados, ventilados y sin servicio de camareros, que no serán superiores al 30% de la superficie del local.
