Economía apura con PP y CiU la negociación sobre las cajas

El Gobierno afronta la semana decisiva para la aprobación del decreto ley de recapitalización de entidades financieras con el objetivo de acercar posiciones con el PP y con CiU, para garantizarse el mayor apoyo posible en su convalidación en el Congreso y evitar que la oposición fuerce su tramitación como proyecto de ley, lo que permitiría cambios sustanciales en su contenido.

Aunque el PSOE confía en sus socios presupuestarios, PNV y CC, para que la norma prospere sin problemas en la Cámara Baja, su intención es contar con el apoyo del primer grupo de la oposición, como ha ocurrido con todas las medidas financieras adoptadas desde el principio de la legislatura.

Después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, expresara la oposición de su partido a lo que considera una «nacionalización» de las entidades financieras que no debe ser «un nuevo varapalo al crédito», la vicepresidente económica del Gobierno, Elena Salgado, ha mantenido un encuentro con una delegación ‘popular’, tras el que ha asegurado que se «sigue trabajando y será posible» el acuerdo.

Sin embargo, el Gobierno mantiene que no hay margen para modificar el grueso del plan fortalecimiento de la solvencia del sistema financiero, que establece un requisito de capital del 8% para las entidades, que se eleva al 10% para aquellas que no coticen, no cuenten con inversores privados en al menos el 20% del capital, y dispongan de una dependencia de la financiación mayorista de más del 20%.

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que su partido va a ayudar «siempre» a tener un sistema financiero «saneado» que conceda créditos a las familias y pymes, así como que «sea viable en España», para lo que el Gobierno deberá ser «transparente».

EL PP QUIERE CAMBIOS PARA LAS SIP

Sobre la mesa de la negociación están dos propuestas ‘populares’ en materia de entidades financieras que hasta ahora el PSOE no ha aceptado. La primera de ellas, es la equiparación, a efectos de tributación de los sistemas integrales de protección (SIP) y las fusiones tradicionales.

La segunda, sería que se exima de la obligación de lanzar una OPA a las entidades financieras que se integren en un SIP cuando, como consecuencia de este proceso, se alcance «directa o indirectamente» el límite del 30% en los derechos de voto en una «entidad cotizada con naturaleza de entidad de crédito».

Esta modificación legal afectaría directamente a la situación del SIP conformado por Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Avila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja después de ceder al Banco Financiero y de Ahorros –la sociedad central– los derechos de voto en las sociedades controladas por dichas entidades, ya que dentro de esta cartera se encuentra la sociedad cotizada Banco de Valencia, con una participación del 38,4%.

CIU EXIGE MAS TIEMPO

Por parte de CiU, su petición principal es que el Gobierno amplíe el plazo dado a las cajas para abordar su recapitalización, ya que la idea actual es que, si las entidades no alcanzan por sus propias vías recursos para fortalecer su capital antes de septiembre, recibirán recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo que significará su nacionalización parcial.

«No queremos un cambio de legislación. Hay que dar tiempo a las cajas para que hagan las reformas planteadas», ha defendido este lunes el portavoz parlamentario de CiU y representante de la federación en la negociación en Madrid, Josep Antoni Duran i LLeida.

EL PNV NO QUIERE OBSTACULOS A LA GRAN CAJA VASCA

La única condición puesta por el PNV, a través de su portavoz del PNV, Josu Erkoreka, es que la reforma no dificulte la fusión a tres entre la BBK, la Vital y la Kutxa. Erkoreka ha indicado que, si esta operación no es posible conforme a la normativa que pretende aprobar el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, «no tendremos mucho motivo para prestarle nuestro apoyo».

«Creo que soy suficientemente claro a este respecto», ha agregado, si bien el grupo parlamentario del PNV da por sentado que la solvencia de las entidades cumple perfectamente con los nuevos requisitos.

En cualquier caso, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, ha mostrado su seguridad en que el decreto saldrá adelante con el respaldo de la «mayoría de la Cámara», y ha defendido que la norma no pone en cuestión la fiabilidad ni la solvencia de las entidades.

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