El catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela y socio de Cremades & Calvo Sotelo, Angel Fernández-Albor, explicó que la decisión tomada por Caja Madrid de no pagar el bonus de 25 millones de euros a diez directivos es «absolutamente conforme a derecho», por lo que una reclamación de cobro ante los tribunal no prosperaría.
Fernández-Albor señaló que la decisión del consejo de Caja Madrid está «justificada» legalmente dada la situación de crisis financiera y su decisión de acudir a las ayudas públicas del Sistema Institucional de Protección (SIP) que lidera la entidad madrileña a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por importe de 4.465 millones de euros.
«Una entidad que ha visto descender sus beneficios y que ha tenido que acudir a los fondos públicos para continuar su actividad no puede pagar un bonus que está ligado a un éxito y un progreso que no se ha producido», insistió el abogado.
Sin embargo, el socio de Cremades & Calvo-Sotelo mostró sus reservas respecto a los acuerdos a los que la entidad llegó en su día con los diez antiguos miembros del comité de dirección que se iban a repartir este bonus de 25 millones de euros.
EL PRECEDENTE DE RAMIREZ POMATTA.
Por otro lado, un abogado cercano al caso explicó a Europa Press que, dada la situación económica actual, no se prevé que los directivos de Caja Madrid beneficiarios de los bonus vayan a acudir a los juzgados para reclamar el pago.
En este sentido, el letrado recordó que el pasado mes de septiembre, el Juzgado Mercantil número 11 de Madrid desestimó la demanda presentada por el expresidente de la Mutua Madrileña José María Ramírez Pomatta que reclamaba a la empresa una pensión de 21,1 millones de euros. Esta sentencia se encuentra pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.
En esta ocasión, la juez avaló el cambio del sistema de pensiones a directivos realizado por la Mutua en 2008 y desestimó la reclamación de Ramírez Pomatta que solicitaba el cumplimiento del plan de pago de pensiones, al haber sido aprobado en 2005 y reformado en 2007 sin recibir «ninguna crítica de los miembros del consejo de administración».
