Los últimos prejubilados del ERE de 2007 de Mercasevilla formalizan su demanda

Los seis trabajadores de la sociedad mixta Mercasevilla prejubilados en el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 que promueven sus acciones judiciales al margen del comité de empresa, han formalizado ya su propia demanda para reclamar los ‘compromisos’ de pago contenidos en dicho procedimiento, de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo. El expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por el mercado central de abastos tiene un coste de 9.046.976,95 euros y figura en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en cuanto a la anterior gestión de la empresa.

El abogado que representa los intereses de estos seis prejubilados del ERE de 2007, Manuel Castillo, ha informado a Europa Press de que fue el pasado jueves cuando esta demanda, canalizada por la vía Social, fue entregada en el registro de los juzgados. La demanda en cuestión se dirige contra la sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, y la división de Seguros Colectivos del Banco Vitalicio.

Anteriormente, el grueso del colectivo de prejubilados del ERE de 2007, un total de 34 personas en concreto, elevó ya a los Juzgados de lo Social su demanda. El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), había informado al respecto a Europa Press de que la demanda derivaba del fracaso de los actos de conciliación celebrados en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac) y carga contra el propio mercado central, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas, la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio y la consultora ‘Vitalia Vida’.

El Banco Vitalicio, a través de su división de Seguros Colectivos, fue contratado por Mercasevilla para las pólizas correspondientes a las prestaciones reconocidas en el marco de este ERE, mientras la consultora ‘Vitalia Vida’, de otro lado, fue contratada por la sociedad mixta para las labores de gestoría y asesoramiento de los trámites administrativos correspondientes a dicho procedimiento. Esta última empresa es una de las sociedades investigadas por el Juzgado de Instrucción número seis por su relación con la trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en los expedientes de regulación de empleo de más de 12 empresas andaluzas.

EL ERE DE GARRIDO SANTOYO

De hecho, en este expediente de regulación de empleo fue prejubilado el ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha formado parte de la plantilla del mercado central de abastos y quien había sido detenido en el marco de estas actuaciones.

En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la anterior gestión de la sociedad mixta.

LINEA DE INVESTIGACION

Para ser más precisos, la investigación del ERE de 2007 está incluida en las diligencias relativas al posible delito societario perpetrado, siempre supuestamente, por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados tanto en estas actuaciones como en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales y las posibles irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado.

Y es que aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la ‘conformidad’ de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de varios trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos firmados por Guerrero, fueron ‘meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio’.

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