Segundo juicio este jueves por las demandas de los prejubilados de Mercasevilla contra el INEM

El Juzgado de lo Social número cuatro ha fijado para las 10,00 horas de este jueves la segunda vista oral correspondiente a las varias demandas formuladas por los prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, contra la negativa inicial del Instituto Nacional de Empleo (INEM) a concederles el subsidio de desempleo. Se trata de un prejubilado cuya petición de subsidio de desempleo fue denegada al comienzo del conflicto, toda vez que el INEM reclama a 18 miembros de este colectivo el reintegro de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de desempleo, al contabilizar como rentas los préstamos de los que gozan para contrarrestar la paralización de sus prestaciones.

El pasado lunes, como se recordará, el Juzgado de lo Social número cinco suspendía la primera vista oral fijada para resolver una de estas demandas. La suspensión fue resuelta al acceder el juez a la petición del INEM para que la demanda fuese ampliada a la propia sociedad mixta Mercasevilla participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, a su ya extinta Fundación Socioasistencial, a la Consejería de Empleo y al antiguo Banco Vitalicio, con cuya división se seguros colectivos fueron contratadas las pólizas de seguros de renta relativas a las prestaciones de estos prejubilados.

En paralelo, 18 de los prejubilados del expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla han recibido notificaciones correspondientes a la demanda formulada por la vía Social, por el INEM, al objeto de reclamar el reintegro de las cuantías libradas para sus respectivos subsidios de desempleo. El Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla, de hecho, ha fijado para el 24 de junio la vista oral relativa a esta demanda, según ha informado a Europa Press el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO).

LA DEMANDA DEL ERE DE 2007

El pasado 14 de febrero, 34 de los 40 prejubilados del expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por Mercasevilla registraron una demanda en el registro general de los juzgados del Prado de San Sebastián al objeto de reclamar los compromisos de pago que rodean a dicho procedimiento. La demanda, promovida por la vía Social, carga contra el propio mercado central, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas, la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio y la consultora ‘Vitalia Vida’.

El Banco Vitalicio, a través de su división de Seguros Colectivos, fue contratado por Mercasevilla para las pólizas correspondientes a las prestaciones reconocidas en el marco de este ERE, mientras la consultora ‘Vitalia Vida’, de otro lado, fue contratada para las labores de gestoría y asesoramiento de los trámites administrativos correspondientes a dicho procedimiento. Esta última empresa es una de las sociedades investigadas por el Juzgado de Instrucción número seis por su relación con la trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en los expedientes de regulación de empleo de más de 12 empresas andaluzas.

EL ERE DE 2007

En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación por el Juzgado de Instrucción número seis.

Y es que, aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la «conformidad» de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de varios trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos firmados por Guerrero, fueron «meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio».

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Autor

Sergio Espí

Sergio Espí, guionista y crítico de televisión de Periodista Digital, responsable de la sección 3segundos.

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