Los trabajadores del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, y los prejubilados de los expedientes de regulación empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 cuyas rentas han quedado suspendidas, han acordado este martes, durante una concentración y asamblea celebrada a las puertas de la sede social de la empresa, la celebración de dos nuevas movilizaciones los días 20 y 27 de junio. Las nuevas protestas, promovidas por el comité de empresa, responden a la difícil situación económica que atraviesa esta sociedad mixta participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, el conflicto del ERE de 2007 y la supuesta amenaza de externalizaciones.
El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha informado a Europa Press de que, en concreto, las movilizaciones aprobadas por el colectivo de trabajadores y prejubilados consisten en una manifestación, el 20 de junio, desde la plaza de la Encarnación hasta el palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, además de una manifestación el 27 de junio desde la sede social de la lonja hispalense, al pie de la autovía A-92, hasta la sede central de la Consejería de Empleo, en la avenida de Hytasa.
El comité de empresa ha reunido este martes a trabajadores y prejubilados de la sociedad mixta al objeto de celebrar una concentración por el rumbo que sigue esta compañía participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa. La concentración, además, conmemora el primer aniversario del campamento instalado a las puertas de la sede social de la lonja, una de las primeras movilizaciones emprendidas por la plantilla de esta compañía a cuenta de las dificultades que sufre.
LAS CUENTAS DE MERCASEVILLA
Y es que Mercasevilla ha cerrado el ejercicio 2010 con pérdidas por valor de 381.560 euros, toda vez que la Dirección General de la lonja, encarnada por Juan Carlos Recio, ha sido facultada ya para «llevar a cabo las medidas oportunas para evitar una situación de insolvencia», dado que el ejercicio anterior, el de 2009, fue saldado con pérdidas por valor de 4.123.666 euros. De hecho, mediado 2010, la empresa se dio obligada a someterse a una operación de ampliación y reducción de capital al objeto de eludir una posible causa de disolución, extremo que ha llevado al gremio de mayoristas de fruta y hortalizas, socio minoritario de la empresa, a considerar «maquillado» el resultado de las cuentas de ese año.
La plantilla, en este marco, teme una posible «privatización» de servicios en un intento de la dirección general de la lonja para ahorrar costes, toda vez que sobre la empresa pesa además un pasivo de 9.046.976 euros a cuenta de la incertidumbre que rodea a la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, al que se adhirieron unos 40 empleados cuyas nóminas han quedado en el aire al haberse desligado la Consejería de Empleo de los pagos. El ERE de 2007, de hecho, figura en las diligencias incoadas por el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla sobre la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos, a cuenta de su financiación y de la inclusión en el procedimiento de Antonio Garrido Santoyo, un exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) que jamás había trabajado en la empresa.
NUEVO FRENTE
El último episodio de la sociedad mixta ha surgido al quedar «temporalmente» paralizadas las nóminas de tres trabajadores prejubilados merced al expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por la lonja hispalense. Se trata, en concreto, de P.V.M., J.G.M. y J.D.M., quienes figurarían entre las 111 «discordancias administrativas» detectadas por la Consejería de Empleo después de haber revisado 67 expedientes de regulación de empleo a cuenta de la posible trama de prejubilaciones fraudulentas investigada por el Juzgado de Instrucción número seis.
