El Consejo de Ministros aprobó este viernes la creación de un mecanismo que permitirá a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes) que sean proveedores de las administraciones públicas, cobrar inmediatamente una «parte relevante» de las deudas que éstas tengan contraídas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Esta medida se incluye en un decreto ley que adopta las reformas necesarias para que el ICO pueda destinar recursos al pago de las obligaciones contraídas y no satisfechas por las entidades locales.
A cambio, el ICO generará un crédito frente a los ayuntamientos, que tendrán un plazo de tres años para devolverlo y que tendrá como garantía la participación de las entidades en los tributos del Estado.
Así, si el ayuntamiento no paga, se le restará de la subvención que percibe del Estado.
Estas operaciones tendrán como límite máximo el 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en los tributos en 2011.
Así, el máximo en conjunto será el 25% de lo que percibirán este año los ayuntamientos del Estado, es decir, unos 3.400 millones de euros.
Con esta medida, el Gobierno subraya que atiende a «la difícil situación en la que se encuentran tanto los proveedores como las propias entidades locales en estos momentos de especial dificultad».
El Ejecutivo instará también al ICO a que empiece a pagar las deudas de las pymes.
De esta forma, los ayuntamientos presentarán al ICO las facturas que tiene pendientes y será el Instituto de Crédito Oficial el que las pague.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó que «la la idea es sencilla y como todas las ideas sencillas estoy seguro de que funcionará».
