Telefónica acordó este jueves con los representantes de los trabajadores el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a un máximo de 6.500 personas en un plazo de tres años.
La firma del ERE se produjo sólo horas después de que se cerrase el acuerdo sobre el convenio colectivo, una negociación paralela que se había vinculado expresamente a la de los despidos tanto por los representantes sindicales como por la empresa.
Fuentes sindicales indicaron a Servimedia que el acuerdo sobre el ERE se produce tras aceptar los representantes de los trabajadores que los despedidos cobren el 68% de su sueldo, una cifra algo inferior a la de expedientes anteriores (70%).
Sin embargo, los representantes de los trabajadores destacan que se ha alcanzado esta cifra a pesar de que «el contexto era mucho más adverso que en ocasiones anteriores».
«No sólo porque, mas allá de los benéficios indiscutibles de Telefónica, existen interrogantes de futuro sobre el mercado, sobre su situación y la evolución del negocio a futuro, sino también por el contexto externo, que añadía elementos para complicar y condicionar esta negociación», subrayaron desde CCOO.
Los sindicatos CCOO y UGT anunciaron a principios de esta semana que el acuerdo estaba próximo, tanto en el convenio colectivo como en el ERE, y ya preveían que se suscribirían este jueves.
Ambos acuerdos han sido firmados por los representantes de estos dos sindicatos y por el Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones (STC-UTS).
En el caso del ERE, los afectados por el expedientes percibirán el 68% de su salario regulador hasta cumplir los 61 años.
No obstante, se establece el reintegro del convenio especial con la Seguridad Social desde que los afectados cumplan 61 años y hasta que puedan acceder a cualquier modalidad de jubilación anticipada.
Además, esta medida recoge también la revisión de sus condiciones en el caso de que durante el tiempo que transcurra hasta la jubilación se modifiquen las condiciones de acceso a la pensión.
Uno de los puntos principales de polémica con el ERE fue la exigencia del Gobierno de que la empresa cubriese el coste de los despidos para el Estado. Por esta razón, el plan social del expediente incluye la creación del fondo compensatorio con el que reintegrará a la Administración los costes de las prestaciones por desempleo de los despedidos.
En cuanto al convenio colectivo, los sindicatos subrayan que el acuerdo garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, ligando el incremento salarial al IPC real.
Sin embargo, las subidas salariales por encima de la inflación se relacionan directamente a las ganancias de productividad.
