El Juzgado de lo Social número cuatro ha fijado para este jueves una vista oral destinada a resolver una de las varias demandas formuladas por los prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, contra la negativa inicial del Instituto Nacional de Empleo (INEM) a concederles el subsidio de desempleo. Se trata, como en casos anteriores, de un prejubilado cuya petición de subsidio de desempleo fue denegada al comienzo del conflicto, toda vez que el INEM reclama a 16 miembros de este colectivo el reintegro de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de desempleo al contabilizar como rentas los préstamos de los que gozan para contrarrestar la paralización de sus prejubilaciones.
El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez, ha informado a Europa Press de que este jueves, esta vista oral se celebrará a partir de las 10,30 horas en el Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla. Se trata, así, de la misma instancia judicial que el pasado 24 de junio, albergaba el juicio correspondiente a la demanda promovida a su vez por el Instituto Nacional de Empleo, para reclamar a varios de los empleados de la sociedad mixta Mercasevilla prejubilados merced al expediente de regulación de empleo de 2007, el reintegro de las cuantías percibidas inicialmente con cargo al subsidio de desempleo.
LOS CONTRATOS DE PRESTAMO Y EL SUBSIDIO DE DESEMPLEO
El INEM, según explicaba Rafael Domínguez, había contabilizado finalmente como «ingresos de rentas» los contratos de préstamo librados por Mercasevilla en favor del colectivo de prejubilados del ERE de 2007 para cubrir las cuantías que habrían de percibir merced a sus prejubilaciones, puesto que la negativa de la Consejería de Empleo a participar en la financiación de este expediente de regulación de empleo mantiene paralizados estos pagos.
Hasta el momento, los juzgados de lo Social números cuatro y cinco habían acordado, el pasado mes de marzo, suspender las vistas orales programas entonces a cuenta de las demandas previamente promovidas por varios de los prejubilados del ERE de 2007 ante la citada negativa inicial del INEM a que se acogiesen al subsidio de desempleo. De otro lado, el pasado 24 de junio, el Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla celebraba la vista oral correspondiente a la demanda mediante la que el INEM reclamaba a 18 de los miembros de este colectivo el reintegro de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de desempleo, si bien durante la sesión el INEM excluyó finalmente de su demanda a dos de los prejubilados afectados.
Rafael Domínguez ha explicado que la tesis de los prejubilados parte de que el ERE de 2007 nació como una «continuación» del expediente de regulación de empleo de 2003, cuya negociación comenzó antes del mes de mayo de 2002 bajo una legislación que «no consideraba como rentas» las indemnizaciones por prejubilación. «Los ERE de 2003 y de 2007 forman parte del mismo procedimiento», ha defendido Rafael Domínguez.
EL ERE DE 2007
En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación por el Juzgado de Instrucción número seis, dirigido por Mercedes Alaya.
Y es que, aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la «conformidad» de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de varios trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos firmados por Guerrero, fueron «meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio».
