El Gobierno defiende que existen causas de «extraordinaria y urgente necesidad» para recuperar el Impuesto de Patrimonio derivadas de la difícil situación económica y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria asumidas por España y «disipar inmediatamente cualquier duda» de los mercados a este respecto, «por los graves riesgos que conllevaría no hacerlo».
No obstante, recalca que el aumento recaudatorio previsto de 1.085 millones de euros no afectaría al Estado, ya que se trata de un tributo completamente cedido a las comunidades autónomas, a las que se dota de la posibilidad de obtener unos recursos adicionales a los que resulten del nuevo modelo de financiación, que ayudarán a cumplir «sus objetivos de estabilidad y del conjunto de España».
Así lo asegura la memoria de análisis de impacto normativo, a la que ha tenido acceso Europa Press, que acompaña al decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, dos días después de que la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings rebajara el ‘rating’ de Andalucía, Canarias, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, ante el «fuerte deterioro fiscal» registrado en los últimos años.
1.085 MILLONES
El Ejecutivo sostiene que el objetivo del restablecimiento del gravamen es «reforzar la estabilidad presupuestaria» mediante la obtención de una recaudación adicional cifrada en 1.085 millones de euros y también fomenta el «principio de equidad» a través del gravamen de la capacidad contributiva adicional que la posesión de un gran patrimonio representa.
En este sentido, precisa que dado que la normativa del Estado ha elevado el importe del mínimo exento hasta los 700.000 euros, así como la exención para la vivienda habitual, hasta los 300.000 euros. las comunidades que ya hubieran ejercido competencias en estos elementos deberán modificar su normativa «haciendo uso de su correspondiente corresponsabilidad fiscal».
En cualquier caso, el documento recalca que las comunidades deben disponer de un «mínimo margen temporal» porque les permite aprobar antes del 31 de diciembre de este año las modificaciones normativas que estimen oportunas. Asimismo, los 161.000 contribuyentes afectados en 2011 podrán conocer cuanto antes su condición de «obligados al pago», aunque no tengan que presentar la declaración hasta el ejercicio siguiente.
El Ejecutivo recomienda esta a las autonomías que deseen «adaptarse alas nuevas cuantías fijadas por el Estado» y evitar así que la carga fiscal recaiga sobre patrimonios de menor cuantía.
EL PSOE CUENTA CON LAS MINORIAS DE IZQUIERDA
Aun así, el Ejecutivo admite que se trata de una «figura menor», lejos de las «piezas básicas» del sistema tributario» y no incide en el reparto de la carga tributaria que no deben soportar la generalidad de los contribuyentes, con lo cual no contradice la doctrina constitucional acerca de la legalidad del sistema tributario.
El PSOE espera sacar adelante la norma en el debate de convalidación de la norma gracias al apoyo de las minorías de izquierdas y la abstención del PNV –que históricamente se mantiene al margen en debates de carácter fiscal–. Mientras tanto, PP y CiU no precisan su posición y si bien han avanzado que no votarán a favor, no descartan decantarse por la abstención.
