El Ayuntamiento de Gandia ha tomado una de esas decisiones difíciles de explicar en tiempos de crisis: rescindir las contratas en vigor del abastecimiento de agua potable y de la red de alcantarillado.
Y lo ha hecho sabiendo que eso va a implicar que el la ciudad, donde gobierna el PP, se comprometa a pagar 91,3 millones de euros de indemnización.
Eso elevará la deuda municipal heredada de los socialistas casi hasta los 400 millones.
El ejecutivo que preside Arturo Torró asegura que no le queda «más salida» que esta y, para ello, se apoya en informes técnicos que alertan de la imposibilidad de cumplir el actual contrato en vigor.
La resolución de las dos contratas se lleva a cabo de común acuerdo con Aguas de Valencia, que es la concesionaria en ambos casos y que controla Eugenio Calabuig.
Ahora, el ayuntamiento sacará a concurso nuevamente ambos servicios, aunque esta vez de forma conjunta.
El portavoz del Gobierno, el popular Víctor Soler, ha responsabilizado de dicha situación al anterior gobierno municipal gestionado por el socialista José Manuel Orengo:
«El ejecutivo de José Manuel Orengo privatizó unos servicios básicos necesarios para la ciudadanía como la gestión del agua potable y del alcantarillado».
El Ayuntamiento adjudicó, a principios de 2008, el servicio de abastecimiento a Aguas de Valencia, que abonó al consistorio 55 millones de euros en concepto de canon anticipado.
En enero de 2010, se repitió el mismo procedimiento para encomendar, a la misma empresa, el mantenimiento de la red de alcantarillado, con otro canon de 12 millones.
El Gobierno local ha hecho público el informe jurídico que sustenta su decisión, y que se apoya a su vez en otros informes del ingeniero municipal y de los servicios económicos del ayuntamiento.
Dicho informe concluye que es un «hecho incontestable» que resulta «imposible» ejecutar los planes directores de agua potable y alcantarillado sin subir las tarifas, dada la actual situación financiera del consistorio.
«Y como no subir las tarifas forma parte de nuestro ADN político y era un compromiso electoral del PP, el Gobierno local opta por la otra salida apuntada en el informe: la rescisión contractual».
No obstante, ésta se llevará finalmente a cabo de común acuerdo entre ayuntamiento y empresa, que han estado negociando este asunto.
Inicialmente, Aguas de Valencia reclamaba una indemnización de casi 100 millones, aunque la cifra pactada queda reducida ligeramente, a 91.271.559 euros.
NUEVO CONTRATO «SIN COSTES»
En cuanto a la necesidad de licitar de nuevo la gestión de dichos servicios, Soler ha asegurado que el nuevo pliego de condiciones será conjunto para la gestión del agua y del alcantarillado.
La nueva empresa concesionaria deberá asegurar el suministro del agua potable, así como su calidad, y tendrá que acometer las obras de mejora pertinentes, «por lo que no acarreará costes para el Ayuntamiento de Gandia», ha anunciado el portavoz popular.
Reig ha hecho público las conversaciones mantenidas por él mismo y el alcalde de Gandia, Arturo Torró, con los responsables de Aguas de Valencia antes de la toma de posesión:
«Donde fuimos conocedores del pacto que José Manuel Orengo tenía con dicha empresa: la subida por triplicado de la tarifa del agua, algo que no vamos a consentir, es más, vamos a tratar de disminuir estas tarifas, ya que el alcalde se niega a que los ciudadanos asuman las consecuencias de la gestión socialista, ni mucho menos, a subir las tarifas».
